Gobierno estudia elevar multas por reincidencia en contra de ley laboral

José Carlos Prado 


“Queremos convertir la Dirección del Trabajo en un órgano tan respetado y temido como el Servicio de Impuestos Internos”. Con esta frase, la ministra Evelyn Matthei, graficó lo que busca el gobierno con el proceso de modernización de la entidad fiscalizadora.

Una de las prioridades, sostuvo ayer, es asegurar el cumplimiento de la legislación laboral, más que infraccionar a las empresas que vulneran los derechos de los trabajadores, saliendo al paso de las inquietudes que surgieron tras la disminución de las multas que se registraron en 2010. “Usted puede cursar 25.000 multas, pero si siguen no cumpliendo la ley, los trabajadores están igual de mal”, advirtió.

Pero Matthei está consciente que igual persiste un grupo de empresarios que prefiere seguir pagando las multas, por lo que adelantó que para evitar esta situación el gobierno busca cambiar la ley.

La idea, agregó, es “castigar fuertemente la reincidencia, porque usted puede a lo mejor haber tenido un error, pero si le pasan una multa, lo tiene que corregir”. En caso contrario, “si sigue cometiendo la misma falta es porque realmente no le importan en absoluto sus trabajadores. Así que ahí, en la reincidencia, vamos a aplicar multas mucho, mucho más fuertes”.

Según precisó la propia ministra, se está estudiando una modificación legal en ese sentido y “seguramente” se va a elevar el techo de las multas.

Actualmente, el artículo 506 del Código de Trabajo señala los rangos de las multas a normas que no tienen una sanción especial. Allí se establecen tramos según tamaño de empresa, llegando a un techo de 60 UTM para las más grandes. Ese, es precisamente el tope que se quiere elevar, aunque todavía no se establece en qué proporción.

Según fuentes cercanas a este análisis, también se estudia la posibilidad que las multas se cobren por cada trabajador y que ya no sea por tamaño de empresa.

Para las más pequeñas, la Dirección del Trabajo inició un proceso de fiscalización asistida. “A nosotros nos interesa que el poco dinero que tienen se use en que realmente se cumpla la ley y no en pagar multas”, dijo Matthei.

En el caso de las grandes empresas que estén infringiendo la ley laboral, la secretaria de Estado señaló que “ahí se cobra altiro la multa. Al gran empresario no hay nada que enseñarle”. 
Tal como publicó DF, de las 116.741 fiscalizaciones a empresas que se realizaron durante el año pasado, se cursaron 42.946 sanciones, lo que significó una caída de 13,6% respecto a 2009.

Este descenso, explicaron en la DT, “se debe en parte a la aplicación de la fiscalización con asistencia al cumplimiento”.