Una de las materias sensibles frente al fenómeno migratorio se relaciona con la capacidad de encontrar empleo que tienen los extranjeros que llegan a vivir a Chile, donde la ley vigente impone una limitante clara: el artículo 19 del Código del Trabajo señala que “el 85%, a lo menos, de los trabajadores que sirvan a un mismo empleador serán de nacionalidad chilena”.
Así, solo un 15% los empleados en una misma empresa pueden ser de nacionalidad extranjera, materia en la que el gobierno, a través de su proyecto que impulsa la productividad y el emprendimiento, propuso incrementar dicha cuota hasta un 30%.
Sin embargo, hace algunas semanas, un grupo de parlamentarios propuso elevar el tope de contratación para inmigrantes hasta un 40%, al ingresar una indicación al proyecto de ley de migración y extranjería, que ayer fue aprobado en general por la Sala de la Cámara de Diputados (ver relacionada).
Pese a que la propuesta fue aprobada en la comisión de Gobierno Interior, hasta ahora era un completo misterio si el Ejecutivo respaldaría o no dicho guarismo.
Fue el ministro de Economía, Fomento y Tursmo, José Ramón Valente, quien abordó la temática en diálogo con Diario Financiero, mostrando una apertura en la materia:
- En el proyecto de productividad propusieron aumentar a 30% el tope para la contratación de extranjeros, pero en el proyecto de migraciones, hay una indicación transversal de varios diputados y que fue aprobada por la comisión que eleva la cuota a 40%, ¿cómo se resuelve eso?
- Esa indicación fue muy posterior a nuestro proyecto, nosotros fuimos los pioneros, pero si hay acuerdo para que se pueda subir a 40% no tenemos problema en que así sea. Nosotros quisimos ser cautos, dar la señal correcta, pero podría perfectamente resolverse que sea 40%.
- Desde la técnica parlamentaria, ¿cómo evitan que se topen los dos proyectos?
- Ocurre muchas veces, no hay problema con eso. Se puede consolidar en uno y se hace referencia al otro.
Los fundamentos detrás de la iniciativa
En el proyecto de productividad del Ejecutivo, el cambio normativo pretende modificar la limitación a la contratación de extranjeros “en empresas que tengan más de 25 empleados, rebajando de un 85% a un 70% el porcentaje mínimo de trabajadores chilenos”, según reza el mensaje de la iniciativa en cuestión.
Además, busca que se exceptúe de esta limitación “al empleador que desarrolla actividades estacionales o de temporada y que requiere un incremento de personal durante dicha estación o temporada”.
Esta propuesta forma parte de las medidas que fueron identificadas por el Gobierno como “trabas regulatorias” que existen en algunos sectores de la economía, como en el agrícola y que “impiden el aumento de productividad y el desarrollo de dichas actividades”, sostiene el mensaje.
En una línea similar se encuentra el grupo de parlamentarios que impulsó la indicación hacia una cifra mayor a la contemplada por el Ejecutivo.
Marcela Hernando (PRSD), una de sus impulsoras, sostuvo que la motivación para incrementar más la cuota fue que “hay algunas tareas en nuestro país que han comenzado a ser dejadas de lado por parte de los chilenos, y que por un tema de habilidades parecen desempeñarlas mejor los extranjeros”.
A ello agregó que “nuestro código laboral hablaba de que no se podía tener más de un 15%, lo cual es una cuota muy baja para algunos sectores productivos”.
Con todo, aún resta por saber si la indicación será aprobada en el Senado.
Proyecto de migraciones pasa al Senado tras votación unánime
Por unanimidad de la Sala de la Cámara de Diputados, ayer fue aprobado en general el proyecto de ley de migración y extranjería, iniciativa que se presentó en 2013 durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera y que fuera perfeccionada tras el envío de indicaciones el pasado 10 de abril.
Así, tras un extenso debate que se prolongó por dos sesiones, los 149 diputados presentes ayer en el hemiciclo entregaron su voto favorable a la inciativa, que busca regular el ingreso, la estadía, la residencia y el egreso de los extranjeros al país, como también el ejercicio de sus derechos y deberes.
El proyecto establece que el Estado deberá garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos, además de promover la debida protección contra la discriminación.
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