A mediados de abril, el presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció un nuevo instrumento para ir en apoyo de los trabajadores informales y de menores recursos del país: el denominado "Ingreso Familiar de Emergencia".
La medida, consistía en un bono mensual -que se elaboraría en base al tamaño del hogar, porcentaje de vulnerabilidad y composición de los ingresos que exista en la familia- y beneficiaría a las familias que se encuentren hasta en el 60% más vulnerable de Chile y cuya fuente de ingresos sea mayoritariamente informal.
Sin embargo, la medida ha tenido un complejo trámite en el Congreso, que la semana pasada despachó la iniciativa sin sus montos.
Por estas razones, el Ejecutivo ingresó hoy un veto a la propuesta, para modificar lo aprobado por el Congreso. Así, la iniciativa retomará mañana su tramitación en el Parlamento. El anuncio fue realizado por los ministros de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, y de la Segpres, Felipe Ward, junto con la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia.
Ward explicó que es un "veto aditivo y sustitutivo. Esperamos que los parlamentarios comprendan que este llamado hecho por el Presidente que se requiere urgencia para tramitar con celeridad este veto, ojalá durante esta semana. Ingresa por la Cámara de Diputados, mañana lo ve la comisión de Hacienda y luego en la Sala; y en el Senado, esperamos poder tramitarlo el miércoles para poder promulgarlo y que sea pagado lo antes posible a 4,5 millones de personas".
En tanto, Sichel sostuvo que "el veto mantiene el equilibrio fiscal y el gasto comprometido, que es el más alto que se ha hecho en transferencia directas a las personas después de la pensión básica solidaria y que busca palear la pérdida de ingresos".
Explicó que los dos cambios del veto son "que todas las personas que viven de ingresos informales hasta el 60% del Registro Social de Hogares reciben el mismo beneficio; y que los mayores de 70 años, que por las reglas del ingreso pudieran quedar excluidos por el hecho de vivir solos, son incorporados en el beneficio".
El detalle
En el escrito ingresado hoy, se lee que "finalmente, el 7 de mayo se despachó del Congreso un proyecto de ley incapaz de cumplir con su principal objetivo, puesto que no permite conceder el beneficio del Ingreso Familiar de Emergencia a aquellos hogares que más lo necesitan por su vulnerable situación socioeconómica, afectando a más de 1,7 millones de hogares que, en su mayoría, viven sin ingresos", dice el texto.
Según agrega el escrito presentado hoy al Parlamento, el texto aprobado por el Congreso "genera consecuencias gravísimas, como dejar sin este beneficio a un inmenso número de hogares, que originalmente si estaban contempladas como beneficiarias del Ingreso Familiar de Emergencia. De esta forma, es absolutamente indispensable proceder a adicionar y sustituir el texto despachado por el H. Congreso por medio de las presentes observaciones, para que una gran cantidad de hogares vulnerables puedan recibir los aportes del Ingreso Familiar de Emergencia, lo cual es absolutamente necesario y urgente en estos momentos en que enfrentamos las consecuencias negativas producidas por la emergencia sanitaria originada por la enfermedad COVID-19".
En el veto, el Ejecutivo busca sustituir el artículo 2, el cual hace referencia al Indicador Socioeconómico de Emergencia, para incluir una explicación respecto de cuál es su objetivo, qué es lo que mide y en qué se basa. Señalando, además, expresamente, que todos los hogares que integren el Registro Social de Hogares serán caracterizados mensualmente a través de este nuevo indicador, de oficio por la Subsecretaría de Evaluación Social.
Además, se adiciona un nuevo artículo 3, según el cual aquellos hogares señalados en el artículo 1, es decir, que pertenezcan al 90% más vulnerable de la población nacional, de acuerdo al Instrumento de Caracterización Socioeconómica a que se refiere el artículo 5 de la ley N° 20.379, que pertenezcan al 60% más vulnerable de acuerdo con el Indicador Socioeconómico de Emergencia, y cuyos integrantes mayores de edad no reciban ingresos de los señalados en el artículo 4, el valor del primer aporte irá desde los $65.000, cuando dicho hogar esté compuesto por una persona, hasta los $494.000, cuando el hogar esté compuesto por diez o más personas. A su vez, el segundo aporte corresponderá al 85% del primer aporte, y el tercero aporte corresponderá al 70% del primer aporte".
También se propone un nuevo artículo 5, el cual incorpora como beneficiarios a los hogares que, sin encontrarse entre alguno de los grupos que contemplaba el proyecto de ley, pertenezcan al 80% más vulnerable de la población de acuerdo al Instrumento de Caracterización Económica, y esté integrado por uno o más adultos mayores de 75 años o más, que reciban una pensión básica solidaria de vejez.
"Por cada uno de estos adultos mayores que lo integren, el hogar beneficiario tendrá derecho a recibir el segundo y tercer aporte que otorga la presente iniciativa, que ascienden a $55.250 y $45.500", propone el veto.
Difícil tramitación
Sin embargo, en su tramitación legislativa la propuesta sufrió una serie de problemáticas, debido a que, principalmente, los parlamentarios no estaban de acuerdo con el diseño del beneficio, por lo cual realizaron una serie de cambios al proyecto, los que no cayeron bien en el Ejecutivo.
El proyecto, que inició su tramitación legislativa el 27 de abril, planteaba crear un "Indicador Socioeconómico de Emergencia", el cual tendría la particularidad de identificar los hogares de la población nacional más afectados socioeconómicamente por la pandemia provocada por la enfermedad denominada COVID-19.
En cuanto a su tramitación legislativa, en su primer trámite constitucional ante la Cámara de Diputados, el 29 de abril recién pasado, el proyecto se aprobó en general y por amplia mayoría.
Sin embargo, se modificaron sustancialmente varios artículos, los que tienen estricta relación con la población objetivo de la iniciativa, esto es, los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia.
Posteriormente, el 6 de mayo, en su segundo trámite constitucional, el Senado ratificó las enmiendas de la Cámara de Diputados, aprobando el proyecto en los mismos términos que el texto despachado por la referida Cámara.
Pero ¿qué fue lo que se modificó? Se eliminó la resolución que fijaba el procedimiento y la metodología para determinar la vulnerabilidad, según el nuevo instrumento de caracterización socioeconómica de emergencia, la cual estaba contemplada en el inciso segundo del artículo 2 original.
Además, se eliminaron los montos de los aportes que recibirían los beneficiarios de los hogares pertenecientes al 40% más vulnerable, de acuerdo al Indicador Socioeconómico de Emergencia, contemplados en el artículo 3 original.
También se eliminaron los beneficios que el proyecto otorgaba a aquellos hogares que se encuentren entre el 41% y 60% de vulnerabilidad socioeconómica de la población nacional de conformidad al referido Indicador, conforme lo disponía el artículo 4 original, entre otras modificaciones.
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