La mañana de este miércoles el presidente de la República, Sebastián Piñera, firmará el proyecto de ley que establece un ingreso mínimo garantizado para aquellos trabajadores entre 18 y 65 años que ganen entre el salario mínimo y los $ 370 mil brutos.
La propuesta, cuyo costo involucra unos US$ 306 millones de recursos de cargo del Fisco y cuyos beneficiarios sumarían 500 mil, según estimaciones del gobierno, establece un aporte máximo de $ 49.000 a quienes obtienen $ 301.000 de sueldo mínimo bruto. Así, a fin de mes el ingreso disponible o líquido llegará a $ 289.800
En el otro extremo, el menor subsidio será de unos $ 7.000 para quienes reciban un sueldo bruto de $ 360.000, con lo que el líquido sería aproximadamente de unos $ 295.000.
De acuerdo con la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, se optó por este diseño para no generar desincentivos en el mercado laboral en el sentido de limitar un alza de remuneraciones, sin afectar a las empresas de menor tamaño.
"Esta medida busca aumentar los ingresos de los trabajadores de salarios más bajos, por lo que, al ser un subsidio estatal, con este no se afecta a las Pequeñas y Medianas Empresas y no se generan desincentivos en el mercado laboral. De hecho, se optó por fijar su diseño desde los $301 mil hasta los $370 mil (superior a los $350 mil iniciales) para que no se generen desincentivos a ganar más. Este subsidio, que es el más grande que va directamente al trabajador, es un apoyo a los ingresos de quienes más lo necesitan y la mayoría de los beneficiarios son personas que se desempeñan en pequeñas y medianas empresas", señaló Candia.
Para el director ejecutivo del Centro de Estudias Horizontal -ligado a Evopoli-, Sebastián Izquierdo, este suplemento al ingreso del trabajo para garantizar un piso mínimo, es una buena alternativa para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. "Esta política es mejor a un alza sustantiva al sueldo mínimo, ya que no genera desempleo ni margina del mercado laboral a grupos vulnerables", señaló.
Respecto al escalamiento del aporte directo que irá hacia el trabajador, advirtió que "es muy importante que la redacción del proyecto de ley contemple una reducción gradual del suplemento al ingreso para evitar incentivos perversos en el mundo del trabajo, en pos de que este importante esfuerzo fiscal llegue a quienes más lo necesiten".
Pero pareciera que el debate recién comienza. La presidenta y senadora de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, propuso el lunes en el comité político la posibilidad de elevar el monto del ingreso mínimo garantizado y explicó que este aporte debería restringirse sólo a un grupo de empresas que facturen hasta máximo 200 mil Unidades de Fomento (UF).
De hecho, reveló que con esto se podría elevar la cifra un valor más cercano a los $ 400.000. Es decir, dejar el piso del sueldo mínimo en el valor ya pactado, pero subir y acotar la entrega directa desde el Fisco.
"Creo que los grandes consorcios pueden absorber este costo bastante bien, sin embargo las pymes que no tienen las espaldas financieras", señaló.
En una postura diferente está el senador PPD, Felipe Harboe, quien explicó que dentro de la agenda social que han trabajado está el enfocarse en incrementar el sueldo mínimo a $400.000, con un apoyo hacia las pequeñas y medianas empresas que no puedan asumir dicho costo. "Lo que queremos es que se suba el sueldo mínimo y aquellas pequeñas y medianas empresas que tengan un problema para poder llegar a ese sueldo mínimo, reciba un apoyo del Estado".
Respecto a la figura propuesta por el gobierno, el senador dijo que la idea de asegurar un sueldo mínimo -hoy fijado en $ 301.000- apuntaba a "por qué vamos a estar financiando con recursos de todos los chilenos a las grandes empresas? Bueno que las grandes empresas hagan un esfuerzo, que es lo que corresponde". Agregó que el foco es apoyar a la pequeña empresa, sin incluir a las medianas y grandes corporaciones.
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