Opiniones a favor y otras en contra dejó ayer la presentación del segundo pilar de la agenda de modernización laboral del gobierno de Sebastián Piñera, la cual tiene como ejes centrales la conciliación de trabajo-familia y perfeccionar la Ley de inclusión laboral, en otros temas.
La valoración desde el oficialismo y los expertos contrastó con la visión crítica de la oposición pese a que el mandatario recalcó de que se trata de un proyecto que “no precarizará” el empleo. “Este proyecto de ley lo que busca es fortalecer los derechos de los trabajadores, ampliar sus ámbitos de libertad y permitir una mejor incorporación al mundo del trabajo y una mejor compatibilización de ese mundo con otros tan importantes, como el mundo de la familia, la recreación, la cultura, amigos”, dijo Piñera.
Presente en La Moneda, el diputado DC y presidente de la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, anticipó una tramitación compleja. “El detalle de lo anunciado me deja con bastante preocupación, porque hay una flexibilidad laboral excesiva, más bien parece ser que bajo este nombre se encubren beneficios para los empleadores”, acusó.
Su correligionaria, la senadora Carolina Goic, agregó que las medidas anunciadas (ver recuadros) se deben implementar en un marco de protección, “que cautele que haya un acuerdo efectivamente y no una imposición al trabajador, porque si no ahí se pierde el sentido”.
Más crítico se mostró el jefe de la bancada socialista, Manuel Monsalve, quien criticó la posibilidad de “suspender” los contratos de trabajo.
Sobre esto señaló que podría ser “razonable” una suspensión laboral sólo en el supuesto caso que el trabajador quisiera estudiar, pero no en otros casos, como la necesidad de tener que cuidar a un familiar enfermo o cuando la firma atraviese una situación temporalmente compleja.
En el mundo sindical hubo opiniones divididas. La UNT valoró los anuncios y desde la CUT los catalogaron como “malo en principio”, según se limitó a decir el secretario general de la Central, Nolberto Díaz.
Hoy a las 9.30 hrs. se reunió la mesa directiva de la CUT para analizar las propuestas del gobierno.
Pese a todo, ayer desde el Ejecutivo se mostraron optimistas, y el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, aprovechó de hacer un llamado a realizar un debate “sin sesgo ideológico”. Acá, destacó,“lo que se crea son oportunidades para que el trabajador mejore su calidad de vida. Hay que sacarnos los prejuicios”, acotó.
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, informó que la iniciativa tiene un costo fiscal de $ 1.200 millones al año.
Puntos a aclarar
Expertos en temas laborales valoraron el proyecto, aunque advirtieron la necesidad de mayor claridad en algunos puntos cuando ingrese formalmente al Congreso la iniciativa.
Uno de ellos se refiere a las implicancias de la suspensión de un contrato de trabajo, como dijo director del área laboral de Philippi (PPU), Jaime Salinas. En este marco, advirtió la importancia de ver qué pasa con las remuneraciones, la antigüedad laboral, el devengamiento de días de vacaciones y, muy especialmente, con ciertas obligaciones que debieran igualmente considerarse vigentes no obstante encontrarse suspendida la relación laboral. Aquí citó el deber de no competencia y la obligación de guardar confidencialidad de la información de la empresa.
Al mismo aspecto aludió el socio de Barros & Errázuriz, Juan Cristóbal Iturrate. Y si bien la consideró una buena medida, dijo que “deberá regularse la situación del trabajador en esos periodos. Por ejemplo, analizar la posibilidad que pueda hacer hacer uso de los fondos acumulados en el seguro cesantía”.
El director de la OIT para el Cono Sur, Fabio Bertranou, evitó entrar en detalles, pero señaló que a nivel general se trató de “anuncios muy pertinentes para las discusiones que está teniendo el mundo del trabajo actual, seria interesante que este proyecto tenga un debate amplío y una participación de los actores sociales para que puedan surgir adaptaciones con el mayor consenso posible”.
Plataformas digitales:
APP con boleta y el sueldo mínimo como referencia
- Si bien la propuesta del gobierno asume que los servicios prestados por personas naturales a través de plataformas digitales de intermediación no dan origen a una relación laboral, sí exige la obligatoriedad de que los prestadores de dichos servicios emitan boletas de honorarios, asegurándose de acceder a protección social. Asimismo, tratándose de plataformas de intermediación digital constituidas en Chile, éstas tendrán que actuar como agentes retenedores.
- Lo anterior, en línea con el proyecto de ley recién aprobado por el Congreso Nacional, que establece la incorporación gradual de los trabajadores a honorarios e independientes a los regímenes de protección social, incluida cobertura de salud y pensiones, accidentes del trabajo, pre y post natal y el acceso a sala cuna.
- El proyecto también considera un contrato de formalización en el marco de eventos extraordinarios, ocasionales o no permanentes. En la actualidad, gran parte de estas funciones se desarrollan en la informalidad o a través de la presentación de boletas de honorarios pese a no corresponder legalmente. Así, el empleador deberá convocar al trabajador a prestar servicios con una anticipación mínima de 24 horas, quien podrá aceptar o rechazar dicha convocatoria.
- En compensación a la mayor flexibilidad de este tipo de contrato, la remuneración se establecerá en base a día trabajado y su pago no podrá ser inferior al ingreso mínimo mensual que determina la ley, calculado proporcionalmente a la cantidad de horas efectivamente trabajadas, aumentado en un 20%.
Ley de inclusión:
Más multas y se reduce vara ingresar al sector público
- Esta reforma considera el perfeccionamiento de la Ley de inclusión, que apunta a facilitar la incorporación de personas con discapacidad al mercado laboral.
- En este plano, se propone:
- - Reconocimiento de estudios a personas con discapacidad. Se establece un proceso de certificación y reconocimiento para fines laborales de los estudios de las personas con discapacidad, eliminando así ciertas barreras de acceso que hoy impiden que estas personas puedan acceder al sector público.
- -Mayores multas. Se establece que la multa por el incumplimiento de la ley de inclusión será por cada mes en que el empleador debió cumplir con dicha obligación y no lo hizo.
- - Mayor espectro para donaciones. Se establece entre las medidas de cumplimiento alternativo de la ley de inclusión, la posibilidad de efectuar donaciones para el otorgamiento de becas de estudio o capacitaciones realizadas por establecimientos o instituciones reconocidas por el Estado en beneficio exclusivo y directo de personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez.
- - Situación de empresas contratistas. A través de los cambios propuestos, se aclara que en caso de cumplirse con la ley de inclusión mediante la medida alternativa de contratación a través de empresas contratistas o de servicios transitorios, las personas con discapacidad deberán prestar efectivamente sus servicios para la empresa principal o usuaria, según corresponda.
Acoso y trabajo infantil:
Buenas prácticas y menos horas para trabajo adolescente
- En pos de generar nuevas oportunidades y fomentar el respeto en el ámbito laboral, la reforma sugiere:
- - Acoso: Que la empresa incluya en su reglamento de buenas prácticas políticas de género y de inclusión laboral, así como la obligación de incorporar mujeres en el comité paritario. A esto se suma la idea de hacer aplicable el procedimiento de investigación y sanción de conductas de acoso sexual, a los casos de acoso laboral.
- - Niños: se fortalecen las acciones relacionadas a la erradicación del trabajo infantil y adolescente protegido, aumentando y distinguiendo las multas asociadas.
- - Adolescentes: si bien se mantiene el máximo semanal de 30 horas para la jornada laboral de los adolescentes, se reduce la jornada diaria en período escolar de 8 a 6 horas diarias, de manera de ajustarse a la regulación internacional.
- - Subsidio para el empleo de la personas privadas de libertad: Se establece que aquellos que hayan cumplido condena por crimen o simple delito, se encuentren cumpliéndola con el beneficio de libertad condicional o con alguna pena sustitutiva, tendrán derecho a un subsidio especial de contratación, por un periodo de hasta tres años.
Sobre esto, el texto legal señala que quedarán excluídos de este beneficio las personas que hayan sido condenadas a presidio perpetuo, y quienes hayan sido condenados por: crímenes de lesa humanidad, violación, conductas terroristas, tráfico ilícito de estupefacientes, entre otros.
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