Al parecer, las propuestas que han surgido desde el mundo académico y político, como crear una Pensión Universal y aumentar la base de cotizantes a través del IVA, han tenido eco en las reservadas negociaciones del Gobierno con el Congreso para destrabar la reforma previsional, texto que lleva casi nueve meses en su segundo trámite en el Senado.
Diversas fuentes señalan que el Ejecutivo está barajando ciertas cartas para negociar con la oposición -principalmente con los senadores Carolina Goic (DC) y Juan Pablo Letelier (PS)- y llegar a un consenso que permita viabilizar el proyecto antes del plebiscito constitucional del 25 de octubre.
Ricardo Lagos Weber, Senador PPD e integrante de la comisión de Hacienda. Francisco Huenchumilla, Senador de la Democracia Cristiana (DC). Carolina Goic, Senadora DC y parte de la comisión de Trabajo. Carlos Montes, Senador PS y miembro de la comisión de Hacienda.
Una de las opciones sobre la mesa es subir entre uno y dos puntos el IVA, desde el 19% actual, y destinar la recaudación al financiamiento de una Pensión Básica Universal. Aquello tendría la ventaja de integrar a todos los trabajadores al sistema previsional, especialmente a los cuenta propia.
Sin embargo, en Hacienda y Trabajo hay plena conciencia de que políticamente es difícil justificar un alza en el impuesto al consumo en medio de la recesión provocada por la pandemia y también por la eventual regresividad de dicho gravamen.
Así, otra opción que se analiza es modificar la composición del tributo e incluir algunas actividades hoy exentas y que -en teoría- son demandadas por contribuyentes de mayores ingresos, como salud, educación y algunas profesiones.
En las últimas horas incluso corrió un rumor entre parlamentarios de que el Ejecutivo estaría pensando subir en tres puntos el IVA para solventar mayores pensiones.
Una última idea en evaluación apunta a aumentar la cotización con cargo al empleador más allá de seis puntos que se aprobaron en la Cámara de Diputados. Aquello también implicaría modificar la gradualidad para su entrada en vigencia, debido a su impacto en un mercado laboral deprimido por la situación económica.
La decisión final se tomará pronto de cara a hacer una contrapropuesta a la oposición. Se espera en las próximas horas una reunión entre los legisladores y los ministros de Hacienda, Ignacio Briones, y del Trabajo, María José Zaldívar.
Honrar lo acordado
Conocedores del proceso detallan que subir el IVA podría permitir destrabar la reforma y honrar lo acordado en la Cámara, donde se aprobó que de los seis puntos adicionales de cotización, tres fueran a cuentas individuales y tres a ahorro colectivo.
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¿Por qué? Fuentes técnicas señalan que el efecto de un IVA más alto en el financiamiento de pensiones, hoy sería mayor que destinar todo el 6% a un fondo colectivo. Esto lograría dejar conforme a una parte de la oposición.
“Incrementar el IVA en un punto recaudaría entre US$ 1.300 millones y US$ 1.500 millones y la gente no lo sentiría tanto, por lo que el efecto político es menor”, dicen fuentes de Gobierno.
Pero en el Parlamento creen que dichos recursos se destinarían solo a financiar una nueva alza del Pilar Solidario y, así, postergar la discusión de la reforma para el proceso constituyente.
“Es una salida a una reforma que no se realizará. Están diciendo que no hay acuerdo, pero que igual la gente necesita saber que se van a subir las pensiones”, aseguran cercanos al proceso.
¿Hay viabilidad política?
El senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, desestima la idea. “El IVA es un impuesto que ya es regresivo y en Chile está sobrerrepresentado, es casi la mitad de todos los ingresos del Fisco. Sería seguir reproduciendo esa regresividad”, dijo.
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Desde el PS, el senador Carlos Montes recalcó que el Ejecutivo no ha entregado una respuesta oficial a la contrapropuesta de la oposición y que están evaluando qué estrategia tomar. “En ningún caso vamos a destinar puntos adicionales o parte del IVA a estos efectos. Puede que haya alguna persona de mi sector que no piense igual, pero creo que esa es la opinión predominante”, insistió.
Por otra parte, el diputado Jorge Alessandri (UDI) envió una carta el lunes al presidente Sebastián Piñera, en la que le planteó la idea de un aporte estatal para los recién nacidos en Chile. El beneficio podría ser materializado en una libreta de ahorro o en la inscripción del niño o niña a una AFP, mediante un aporte inicial estimado de $ 1 millón, detalló.
Considerando que aproximadamente se registran nacimientos de 250 mil niños, calculó un costo de unos US$ $350 millones anuales, “dependiendo del aporte inicial, y calculando asimismo el monto que se quiera lograr como renta complementaria a dichas pensiones futuras”, precisó.
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