Menos de 60 días quedan para que la ciudadanía concurra a las urnas el 4 de septiembre para elegir entre aprobar y rechazar la nueva Constitución. Cadem realizó un especial para abordar, justamente, la percepción de la ciudadanía sobre temas políticos y económicos clave del debate, el que fue respondido por 2.614 personas vía correo electrónico, entre el 28 de abril y el 2 de mayo.
“La opinión pública frente a propuestas constitucionales” se titula la encuesta, que reveló que tres cuartas partes prefieren que la nueva Constitución establezca que las personas podrán elegir entre un ente público y uno privado para administrar sus cotizaciones previsionales y de salud, frente a la existencia exclusiva de una opción estatal. Esto, ad portas de que esta semana el pleno zanje los debates restantes en torno a derechos sociales.
“La opinión pública espera que este derecho de propiedad esté reconocido de la misma manera en que se están reconociendo derechos sociales garantizados”, dice Izikson.
El gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos de Cadem, Roberto Izikson, explica que del ejercicio se desprende “el fortalecimiento del derecho que tienen los chilenos de poder elegir”, haciendo referencia a justamente a previsión y salud.
El sondeo también refleja que más de un 60% de los participantes se inclina hacia que, además consagrarse el derecho a la vivienda digna en la carta magna, se especifique que el Estado deje considerar aristas como habitabilidad, espacio, seguridad y pertinencia cultural, entre otros.
A juicio de Izikson, el respaldo de más de 80% que tuvo el “apruebo” en octubre de 2020 responde a dos temas. “Por una parte tener una nueva Constitución, nacida en democracia, y por otro lado la garantización de derechos sociales, y creo que este derecho a la vivienda está asociado a eso, a que es necesario que el Estado garantice ciertos derechos sociales en vivienda, en educación, salud”, señala.
Propiedad y expropiación
Un tema que los agentes económicos han seguido con especial atención es lo que se refiere a propiedad privada. La encuesta revela una marcada preferencia a que la Constitución estableza un “derecho de propiedad fuerte”, y que el Parlamento solo pueda establecer ciertas restricciones y excepciones. Esto se complementa con que la muestra es más favorable a que en la carta magna se consagren los detalles sobre expropiaciones, y no a nivel de ley.
“Probablemente, la opinión pública chilena lo que espera es que este derecho de propiedad esté reconocido de la misma manera en que se están reconociendo derechos sociales garantizados, que es otro de los anhelos importantes”, comenta Izikson.
El experto detalla que ese reconocimiento del derecho de propiedad “implica que si van a existir expropiaciones no sean en base a un precio justo, sino que en base a un precio establecido por el mercado, y las formas de pago de esa expropiación estén debidamente establecidas”. A su juicio, el derecho de propiedad tiene una “doble condición”. “Por una parte es proteger mis bienes y por otro lado proteger el emprendimiento, la iniciativa privada, el rol de los privados en el modelo económico de Chile, y la libertad de las personas de poder escoger entre alternativas distintas”, subraya.
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