Un grupo de senadores de diversos partidos presentará un “téngase presente” ante el Tribunal Constitucional para defender el proyecto de ley de delitos económicos despachado por el congreso y que fue impugnado con un téngase presente, presentado este martes por la CPC, que acusa que al norma tendría vicios de inconstitucionalidad.
El senador Matías Walker (Demócratas) es uno de los autores del proyecto que fue aprobado hace algunas semanas por el congreso y encabeza el grupo de parlamentarios que en el marco del control preventivo obligatorio que realiza el TC van a ingresar un téngase presente.
Walker indicó que “estamos preparando un escrito con los profesores de derecho penal que nos ayudaron en la creación del proyecto hace cuatro años”, entre los que se cuentan Antonio Bascuñán, Héctor Hernández, Javier Wilenmann y Gonzalo Medina.
“Nos llama la atención que los abogados que suscriben este téngase presente ante el TC a nombre de los grandes empresarios ‘nunca’ nos pidieron exponer en la comisión para hablar en contra del proyecto”.
Matías Walker senador Demócratas.
Mewes explica la arremetida por la ley de delitos económicos: “Afectan a los ejecutivos de empresas con penas mayores por el solo hecho de ser tales”
El senador explicó que “la idea es que podamos suscribirlo transversalmente senadores que estuvimos en la tramitación y aprobación del proyecto que fue prácticamente unánime en la Cámara y el Senado, finalmente esto se resolvió con un acuerdo y nosotros vamos a defender lo que hicimos en el congreso”.
Walker señaló que “nos llama la atención que los abogados que suscriben este téngase presente ante el TC a nombre de los grandes empresarios “nunca nos pidieron exponer en la comisión para hablar en contra del proyecto”.
Agregó que “vamos a defender que exista un sistema especial de determinación de las penas, porque no puede alegar irreprochable conducta anterior el ejecutivo de una empresa que se colude, por ejemplo, para perjudicar a miles de consumidores que son de grupos vulnerables”.
Recordó que el texto despachado por el parlamento “no solo establece penas efectivas, sino que también modelos de prevención del delito y si las empresas cumplen esos modelos de prevención tienen una eximente de responsabilidad penal, por tanto, las críticas son absolutamente injustificadas”.
Walker indicó que además es “una muy mala señal que la CPC, al igual como ocurrió con la ley del Sernac, recurra ante el TC contra un proyecto que lo que establece es el respeto a las reglas del fair play, de la libre competencia y que nadie se puede enriquecer haciendo trampa”.
En tanto la senadora Luz Ebensperger (UDI) sostuvo que la normativa en cuestión “en general es buen proyecto que lo que hace es sistematizar los delitos económicos y ambientales”. Respecto al téngase presente de los empresarios planteó que “lo que hace la CPC, de recurrir al TC, está en su derecho, como todo aquel que crea que existe algún proyecto que sea inconstitucional, ahora será el TC el que resuelva”.
Los principales puntos que inquietan en el sector privado
Uno de los temas que plantea el escrito ingresado al Tribunal Constitucional por los abogados Constanza Hube y Gabriel Zaliasnik -en representación de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC)- es que el proyecto atenta contra el propio orden público económico al “seleccionar” a un determinado grupo de personas que trabajan en ciertas organizaciones, para aplicar un régimen punitivo distinto −y por cierto− más gravoso que el general.
En palabras del propio presidente de la CPC, Ricardo Mewes, la iniciativa “crea una serie de nuevos delitos que, por ejemplo, afectan a los ejecutivos de empresas con penas mayores por el solo hecho de ser tales, sin que la figura delictiva que se crea se encuentre suficientemente definida”. En otras ocasiones, advierte que “se establecen sanciones que son desproporcionadas en relación con la falta que sanciona”.
“Son casos que nos parecen absolutamente arbitrarios, lo que motiva la presentación de consideración del TC”, explicó el dirigente empresarial.
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