Como una señal “negativa” que podría generar una “fuga” de talento y “enormes dificultades” para atraer profesionales competentes al sector público, catalogó el director del Servicio Civil y presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, Alejandro Weber, la eventual aprobación de la reforma que reduce las remuneraciones de autoridades del Estado.
Weber expuso ante la comisión de Constitución del Senado, donde se discute la reforma al artículo 62 de la Constitución para determinar por Ley la dieta parlamentaria. Este proyecto establece una disminución transitoria de las remuneraciones del Estado (incluye a la Contraloría General de la República, los tribunales de Justicia, la administración pública, empresas y universidades del Estado), hasta que una comisión -compuesta por miembros del Banco Central y del Consejo de Alta Dirección Pública- defina las rentas permanentes. Dicha reforma afecta en forma sustantiva las remuneraciones de los altos directivos públicos, dijo Weber.
Durante su exposición, el ejecutivo recordó que el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) se creó en 2003 con el objetivo de dotar al país de una dirección pública profesional para elevar los estándares de gestión de las instituciones.
“Debemos resguardar y proteger una política pública que surgió como respuesta a una demanda por mayor transparencia y mérito en el Estado (post caso Mop Gate). Gracias a ella hoy seleccionamos con procesos objetivos e imparciales a los 135 jefes de servicio, quienes implementan las políticas públicas en nuestro país, administran el 52% del Presupuesto de la nación (37 mil millones de dólares) y son esenciales para ofrecer mejores servicios públicos a la ciudadanía”, manifestó.
El psicólogo añadió que las demandas de la ciudadanía hoy apuntan a un mejor Estado que responda en forma oportuna a las necesidades sociales. Para ello, dijo se requiere un aparato público con mayor capacidad de gestión, más eficaz y eficiente. “Es fundamental seguir avanzando en la profesionalización de la función pública y el proyecto que rebaja a la mitad las remuneraciones de los altos directivos públicos apunta en sentido contrario. Es volver a fojas cero, antes de la existencia del SADP”, criticó.
El directivo manifestó que en la crisis actual del país una respuesta “urgente” es un Estado más moderno, con un empleo público a la altura de las circunstancias.
“Sin una política de remuneraciones adecuada el Estado puede quedar anquilosado o derechamente involucionar. No cometamos un error que le puede costar caro al país”, cerró.
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