¿Qué organismo público fiscaliza a Codelco? ¿Contraloría? ¿Cochilco? El debate se instaló durante el año pasado luego que las diferencias de criterio llegaran hasta tribunales.
La polémica ha sido materia de análisis en la administración de la estatal. Incluso, en la junta de accionistas de Codelco de abril pasado, cuya acta se liberó hace unos días, el tema fue puesto sobre la mesa.
“Aún existen materias pendientes de perfeccionamiento del gobierno corporativo, como por ejemplo, clarificar el marco regulatorio de fiscalización y supervigilancia de Codelco”, dijo -según el acta- el otrora presidente de la minera estatal, Óscar Landerretche, que fue reemplazado en el cargo por Juan Benavides.
En la primera asamblea de la minera tras el cambio de gobierno, Landerretche también apuntó a la necesidad de la derogación de la Ley Reservada del Cobre, establecer un esquema de capitalización anticíclico y desacoplar de forma definitiva el gobierno corporativo de la estatal del ciclo político.
Donde ya hay un avance es en la Ley Reservada del Cobre.
El pasado 1 de junio, durante su discurso anual en el Congreso, el presidente Sebastián Piñera anunció un nuevo sistema de financiamiento de las adquisiciones y mantenimiento del potencial bélico del país, el que dijo será reemplazado por “un sistema plurianual y con un fondo especial para enfrentar eventualidades”.
Reforma legal
No obstante, el conflicto judicial en que la estatal está enfrascada con Contraloría es algo que sigue generando preocupación desde diversos sectores.
A juicio de Juan Carlos Gajardo, director ejecutivo de PlusMining, el principal foco de atención de la controversia debe estar puesto en el marco jurídico y regulatorio de la cuprífera estatal.
“Se le pide a Codelco que maximice utilidades, pero al mismo tiempo que se rija por normas similares a un organismo público. Eso es incongruente”, afirma.
“Si Codelco se rige por normas de servicio público, no podrá maximizar utilidades. Por lo anterior es que es necesario clarificar su marco de acción balanceando adecuadamente el necesario espacio para los negocios y garantizando su independencia y control”, añade.
De esta forma, más allá de la controversia sobre quién debe estar a cargo de la fiscalización de Codelco, lo principal sería trabajar en clarificar la regulación que pesa sobre la estatal.
“Yo no pondría el acento en quién, sino en cómo fiscalizamos Codelco”, añade Guajardo.
Para el experto, “el hecho de que el conflicto entre Contraloría y la minera esté en la justicia revela que hay una insuficiencia en el marco del Estado”.
En ese sentido, la clave estaría en buscar soluciones que permitan combinar pacíficamente los aspectos de la estatal tanto como empresa privada y pública. Guajardo cree que la solución a esto va de la mano de “una reforma legal que refuerce el gobierno corporativo de Codelco, clarificando que se rige por las normas de sociedad anónima y al mismo tiempo consolidando un marco de acción que maximice las garantías de independencia que alejen los intereses de captura de políticos, sindicatos y otros grupos corporativos”.
A fines del año pasado, la senadora Isabel Allende presentó un proyecto de ley que define que la regulación a aplicar en Codelco es su estatuto y la ley de sociedades anónimas en materias que no aborde el reglamento interno. Desde esa fecha, la moción no ha tenido avances en su tramitación.
¿Avenimiento entre Codelco y Contraloría?
El pasado 12 de abril, los abogados de Codelco y Contraloría se vieron las caras en el 25º Juzgado Civil de Santiago. Ese día se llamó a una conciliación, la que no se produjo.
Catorce días después, el 26 de abril, se realizó la junta de accionistas de la minera estatal, instancia en la que participaron, entre otros, los ministros de Hacienda y Minería, Felipe Larraín y Baldo Prokurica, respectivamente.
En la cita, según el acta liberada hace unos días, ambos ministros abogaron por un acuerdo entre Codelco y Contraloría.
En agosto del año pasado, la minera estatal presentó una demanda de nulidad en contra de la entidad dirigida Jorge Bermúdez. La acción apuntó a dos diferendos que mantiene la minera con Contraloría a raíz de los efectos de un dictamen donde cuestiona la indemnización por cerca de $ 500 millones al ex director Agusto González, tras haberse acogido a un plan de retiro en Chuquicamata, y donde se limitó la libertad de disposición patrimonial de la administración; y en segundo término por una auditoría a contratos con partes relacionadas, donde el organismo plantea que se debe aplicar uno de los artículos de la Ley de Compras Públicas cuando se hagan negocios donde hay involucrados familiares de ejecutivos de la minera estatal.
"Felipe Larraín comenta que entiende que el diferendo de Codelco con Contraloría es un tema sensible, y no se quiere minimizar, por ello le gustaría profundizar en los antecedentes de fondo que llevaron a juicio y así tratar de fomentar, de la mejor manera, un avenimiento entre las partes", dice el acta de la junta de accionistas de Codelco de abril pasado.
"Don Baldo Prokurica felicita la disposición existente dentro de la Corporación de lograr un acuerdo en la materia, y agrega que como Ministros del Gobierno es un deber plantear la necesidad de retomar las conversaciones y hacer todos los intentos para lograr un avenimiento, incluso a través de la proposición de modificaciones legales, si fuese necesario", señala el documento respecto a la posición del ministro de Minería en la junta de la minera estatal.
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