La Asociación de Industriales del Plástico (Asipla) acudió al Tribunal Constitucional para intentar frenar el proyecto de ley que establece la prohibición y sustitución progresiva de las bolsas de polietileno, polipropileno y otros polímeros artificiales no biodegradables en todo el territorio nacional.
De acuerdo al escrito, el proyecto en su artículo 3° “consagra una prohibición absoluta, total, permanente, arbitraria, selectiva, y desproporcionada, que tiene un impacto directo en el ejercicio del derecho a desarrollar una actividad económica lícita de mis representadas”.
El gremio reclama que si los principales consumidores de bolsas plásticas (los establecimientos comerciales) dejan de comprarlas para entregarlas a sus consumidores, la actividad económica de producción y venta de bolsas plásticas dejará de existir.
Agrega que “no existe en la Carta Fundamental, en la jurisprudencia constitucional...ni el más mínimo indicio que pueda amparar lo que esta iniciativa pretende”.
Dijo que si es “tolerada” por parte del TC, la discusión no será acerca de si el tribunal ha establecido con precisión los límites a las regulaciones que son tolerables de acuerdo a la Carta Fundamental, o sobre las prohibiciones que no lo son; “sino más bien cuál es la siguiente industria o actividad económica que, por razones de impopularidad ante la opinión pública, o por el puro capricho del legislador, se estime conveniente prohibir o impedir”, consigna el documento presentado por el gremio.
La medida fue respondida por el gobierno.“No nos sorprende la acción de Asipla, ya que durante todos los años que se intentó legislar sobre esta materia, hicieron un fuerte lobby en el Congreso y no obtuvieron ni un solo voto a favor de su posición. Esta ha sido una ley construida entre todos los chilenos”, dijo la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos.
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