“La Comisión de Evaluación carece de competencia para iniciar un proceso sancionatorio”. Así de claro es uno de los argumentos que da Codelco en sus descargos entregados en el marco del proceso sancionatorio que inició esta comisión en Valparaíso en contra del proyecto de central termoeléctrica Energía Minera (CTEM) de la estatal, el que se emplazaría en las comunas de Puchuncaví y Quintero, a aproximadamente 3 kilómetros al sureste de Ventanas.
Entre las razones que fundamentan este proceso está el supuesto no cumplimiento por parte de CTEM a la resolución de calificación ambiental (RCA), al no haberse pronunciado respecto a las observaciones realizadas por el Seremi de Salud y del SAG sobre la propuesta de verificación de compensación de emisiones de azufre de la central.
Sin embargo, en el proceso administrativo, que fue acogido a trámite la semana pasada, la cuprera dice que cualquier imputación de responsabilidad al titular de un proyecto con respecto a obligaciones, normas, condiciones o exigencias que no se encuentren asociadas o contenidas en una resolución de calificación ambiental (como la falta de respuesta a determinadas observaciones), hace que la Comisión de Evaluación carezca de competencia para seguir un procedimiento sancionatorio.
Y lo que está en juego no es menor, considerando que ésta es una de las centrales termoeléctricas más importantes que ya cuenta con aprobación ambiental. El proyecto de Codelco, que cuenta con RCA desde 2009, y cuya inversión alcanza los US$ 1.700 millones para una capacidad de generación de 1.050 MW que será aportado al SIC, arriesga desde una multa de 500 UTM hasta la revocación de la aprobación de éste.
Codelco señala que hace tres años se presentó ante la autoridad competente una propuesta metodológica para la verificación de la compensación de emisiones de azufre de la central y su respectivo cronograma. Además, se señala que es imposible fiscalizar el cumplimiento de éste debido a que el proyecto ni siquiera está en construcción.
Agrega que “ni las diversas observaciones planteadas por la Secretaría Regional Ministerial de Salud y el SAG, ni los requerimientos formulados por el Servicio de Evaluación Ambiental en relación con el Plan de Compensación, constituyen obligaciones jurídicas que se hayan establecido en la resolución de calificación ambiental y que por lo tanto sean fundamento para abrir un procedimiento sancionatorio”.
El proyecto se encuentra stand by luego de que Colbún no ejerciera su opción para construirla. Se espera que pronto la estatal decida si convoca a una licitación internacional para su puesta en marcha.
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