La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) continúa en su cruzada para que las empresas, Entel, Claro y Movistar, cumplan con la sentencia que los obliga a desprenderse del equivalente al espectro adjudicado en la licitación de la banda de 700 MHz, que sirve para el 4G.
Mediante un recurso de queja que la entidad hizo llegar ayer directamente a la Corte Suprema, la corporación va contra a los ministros del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por elevar al máximo tribunal un recurso de las firmas de telefonía.
Después que el TDLC definiera que Entel, Claro y Movistar debían cumplir con el fallo de la Suprema, independiente de lo que sucediera en la consulta que busca establecer un nuevo límite de banda, las empresas elevaron una reclamación, alegando temas como la falta de oportunidad, dado que la autoridad cambiará el límite de 60 MHz que se había fijado.
A juicio del Estudio Bravo -que representa a Conadecus-, éste era absolutamente inadmisible en especie, dado que no tendría fundamento jurídico, según el escrito de 14 páginas. Además, cuestiona al TDLC de dar “un inexplicable giro y tuvo derechamente por interpuestos los sorpresivos recurso de reclamación de Movistar, Claro y Entel”.
“Lo anterior, en circunstancias que tales recursos de reclamación, concedidos sin cuestionamiento alguno (...), son total y absolutamente inadmisibles en especies”, especificaron.
Para Conadecus las principales faltas de la actuación se darían porque la resolución contraviene al sistema de recursos procesales previstos en el Decreto de Ley 211 sobre la defensa de en la libre competencia.
“De mantenerse la resolución que esta parte estima abusiva, se abrirá la puerta a una instancia mediante la cual las partes perdedoras en un juicio intentarán obtener una reinterpretación de un fallo dictado por la Excma. Corte, mediante el aprovechamiento de coyunturas temporales tales como el cambio de composición de sus salas; lo que claramente atenta contra múltiples principios constitucionales, entre ellos, los de certeza jurídica y debido proceso”, señaló la organización dado los cambios que han habido en la Tercera Sala del máximo tribunal del país.
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