Postes de electricidad y de luz en Puerto Varas llenos de cables. Ese fue el telón de fondo con el que la Corte Suprema entró al debate del rol que tienen las municipalidades en el retiro de los tendidos que están sin uso.
En un fallo emitido este lunes, el tribunal determinó que la municipalidad había incurrido en una conducta ilegal al omitir adoptar acciones para disponer el retiro del cableado en desuso, a pesar que cuenta con atribuciones para aquello.
La resolución fue vista con atención en el sector legal, por la implicancia que puede tener en el debate público de este tema, dado que se establece que el municipio debe velar por la eliminación de estos "escombros", a costa de las empresas de telecomunicaciones y eléctricas, según corresponda.
Luis Cordero, abogado experto en derecho público, dice que a través de esta sentencia se abren varias interrogantes sobre el conflicto.
"Este es una caso que reúne en un solo lugar un conjunto de debates que han existido hace mucho tiempo en temas de cableados", sostiene, tales como la extensión de competencias municipales, el impacto ambiental de los cables en desuso, el riesgo de terceros y la regulación tarifaria a consecuencia del soterramiento.
En el fallo se establece que las unidades de aseo y ornato de los municipios son las responsables de promover el retiro oportuno de los cables.
La acción fue valorada por el director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, ya que en las ocho páginas no sólo reconocen el grave efecto estético que producen los cables, sino que además evalúan el riesgo que presenta para las personas y los activos eléctricos en que se apoyan el que continúen en las calles.
La subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, concordó con esta visión y señaló que el exceso de cables atentan contra la seguridad, y además de constituir un peligro para los ciudadanos.
El documento de la Suprema se refiere a que, pese estar enrollados en postes públicos, sus dueños continúan siendo las empresas de telecomunicaciones y electricidad, y que"por negligentes", no los han retirado oportunamente.
En ese sentido, recalca que aunque estos cables pertenecen a actores privados, la Subtel emitió un oficio en 2012 donde promueve que el retiro de estos escombros aéreos se haga a través de mesas de trabajo con las concesionarias de servicio público telefónico o de telecomunicaciones, compañías eléctricas y el municipio, a fin de determinar perímetros de áreas a intervenir y metodologías para la identificación de aquellos, determinando formas y plazos de ejecución.
Respecto al traspaso de costos que implica el retiro de cables, Rodrigo Castillo señala que corresponde a las empresas de telecomunicaciones, como ya lo ha señalado la Subtel y ratifica la Corte Suprema.
El gobierno está trabajando a nivel nacional en estas mesas de retiro de cable de manera conjunta con empresas y municipios para incluir más medidas, como el soterramiento que podría ser una alternativa contundente.
"Prácticamente la totalidad de cables en desuso son de telecomunicaciones. Será obligación de esas empresas cumplir con la normativa por lo que no vislumbro el que el resultado sea un aumento de los costos para el sector eléctrico", sostiene.
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