La Corte Suprema rechazó el recurso de casación presentado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago en el denominado caso "Inverlink-Banco Central", una de las aristas del proceso que investiga el ministro en visita Patricio Villarroel.
En fallo unánime, los ministros de la Segunda Sala: Milton Juica, Hugo Dolmestch, Héctor Carreño, Carlos Künsemüller y Juan Escobar, desestimaron la reclamación contra la resolución del tribunal de alzada, el que determinó las siguientes sanciones:
- Pamela Andrada Díaz: 4 años de presidio, por su responsabilidad como autora del delito de cohecho, y 600 días de presidio por su responsabilidad como autora del delito de revelar información privilegiada, ilícito contemplado en la Ley de Valores.
Se le concedió el beneficio de la libertad vigilada y además, se le aplicó una pena de 5 años y un día de inhabilitación para cargos públicos y la devolución de la suma recibida como cohecho; esto es, aproximadamente $26.000.000.
- Enzo Bertinelli Villagra: 800 días de reclusión por su responsabilidad como autor del delito de cohecho, y 600 días de presidio por su responsabilidad como autor del delito de uso de información privilegiada. Se le concedió el beneficio de la remisión condicional. Además, se le aplicó una pena de 3 años y un día de inhabilitación absoluta para cargos públicos y una multa de $11.400.000 en beneficio fiscal.
-Pablo Schaffhauser Muñoz: 600 días de presidio por su responsabilidad en el delito de cohecho. Se le concedió el beneficio de la remisión condicional. Además, se le aplicó una pena de 3 años y un día de inhabilitación absoluta para cargos públicos y una multa de $11.400.000 en beneficio fiscal.
-Eduardo Monasterio Lara: 300 días de reclusión por su responsabilidad como autor del delito de cohecho. Además, se le aplicó una pena de 3 años y un día de inhabilitación absoluta para cargos públicos y una multa de $11.400.000 en beneficio fiscal. La pena se dio por cumplida por el tiempo que estuvo en prisión preventiva entre el 10 de marzo de 2003 y el 11 de marzo de 2004.
-Cristián Schultz Rosales y José Torres del Pino: 541 días de presidio por destrucción de datos de sistema informático, delito previsto en la ley que tipifica figuras penales relativas a la informática. Se le concedió el beneficio de la remisión condicional. Por el mismo periodo, se decretó la suspensión de cargo público a ambos.
En tanto, fueron absueltos de los cargos: Ignacio Wulf Hitschelf; Mónica Bahamondes Abarca; Carlos Berríos Mancilla; Carlos Rubilar Muñoz y Francisco Edwards Braun.
En este caso, el 17 de noviembre de 2010, la Segunda Sala de la Corte Suprema dictó sentencia condenatoria en la denominada arista tributaria; en tanto, la arista principal se encuentra en etapa de plenario con doce acusados por el ministro Patricio Villarroel.
Cabe recordar también que como consecuencia de este caso se selló la salida el entonces presidente del Banco Central, Carlos Massad.
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