Todos tienen amplias trayectorias y ahora decidieron unirse para crear el primer tribunal arbitral independiente del país. Se trata de los abogados y profesores de derecho Carlos Peña, Víctor Vial y Luz María Jordán, quienes están impulsando una nueva instancia de resolución de conflictos entre privados, a raíz de los desafíos que han visto en sus experiencias en estos casos. Ellos, además, contarán con la asesoría económica de Roberto Zahler, expresidente del Banco Central.
Peña explica que se busca ofrecer en el mercado de los servicios legales, un tribunal arbitral compuesto por personas que no litigan. “Lo que ocurre en el mundo legal, es que los que litigan son los que comúnmente arbitran, lo que configura inevitablemente una especie de inconsistencia de roles, donde una persona puede ejercer dos roles que son incompatibles y objetivamente inconsistentes entre sí”, explica.
Esto, además, en un contexto donde la industria de servicios legales se ha estratificado. En la cúspide, la profesión de abogado se ejerce en grandes organizaciones, verdaderas empresas, lo que no existía hace 20 años, y donde la confianza del cliente –explican- no está en la persona, sino en la organización.
Así, si un abogado pertenece a una compañía, es imposible que maneje todos los conflictos de interés que puede llegar a tener, lo que no tiene nada que ver con la moralidad de la persona, sino con una circunstancia laboral.
Recalcan que no buscan con esto mostrar un defecto de otras instancias de arbitraje, de hecho, se consideran como una vía que complementa la función que tiene por ejemplo el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM). Pero ven que esta independencia –dado que ellos no litigan y no lo harán- les da una ventaja comparativa a la hora de abordar diferendos que son complejos y donde hay que hacer convivir la racionalidad económica que subyace a cualquier conflicto empresarial, con la aplicación del Derecho.
“En el litigio en Chile, hay algunos de índole económico-empresarial, de contratos, extremadamente complicados, que requieren tribunales como el que planteamos, que es diverso, donde no hay compromisos de ninguna índole entre nosotros más que la composición del tribunal, que nos parece es importante a la hora de resolver conflictos complejos”, agrega Peña.
La iniciativa surgió entre conversaciones impulsadas por Vial, quien lleva más de 40 años como árbitro. “Nos dimos cuenta de que los abogados que oficiamos como árbitros y que no somos litigantes, éramos poquísimos. En mi experiencia personal, como árbitro veo que tengo una función distinta de la que lleva un abogado como litigante: él emplea las reglas para promover el punto de vista de su cliente, el árbitro debe resolver con la sola consideración al derecho. Por ejemplo, el litigante a veces promueve incidentes que dilatan innecesariamente el juicio”, dice Vial, algo que un árbitro debe “contener”.
Esto ha provocado diversos problemas. Primero, aunque las decisiones de los arbitrajes no son apelables –porque las partes renuncian a ello-, se está abusando de un recurso extraordinario de queja, disfrazándose una apelación, lo que finalmente termina en Tribunales. También se ha visto un alza en los intentos por inhabilitar a árbitros.
Contar con este tipo de sistemas de resoluciones de conflicto –donde ya no es solo un árbitro, sino un cuerpo colegiado, integrado por profesores y personas con experiencia académica- es importante desde el punto de vista económico, porque disminuye costos de transacción, incertidumbre y otros factores, explican.
“La economía no funciona bien cuando no cuenta con un sistema de resolución de litigios eficiente, imparcial y que merezca una confianza unánime”, dice Peña.
Luz María Jordán explica que el hecho de tener una decisión colegiada, que pasó por un análisis y debate en conjunto, permite tener decisiones más firmes. “Al usuario le da tranquilidad saber que su caso fue discutido en un panel”, dice.
Zahler, que acompañará desde el inicio de los procesos con su mirada económica, dice que esto es útil para los abogados, porque permite una mejor comprensión de la racionalidad del negocio que hay tras los contratos.
Profesionalizar el oficio
Otro de los objetivos de este grupo es contribuir a profesionalizar el “oficio” de árbitro, dado que hoy casi no hay abogados que se dediquen exclusivamente a esto, y a mejorar los estándares de estos procesos donde aún quedan espacios para llegar al estándar internacional.
“En Chile, la profesión de abogado se ha diversificado, desde un defensor público hasta el que se desempeña en grandes estudios o el que atiende pequeñas causas de forma independiente. Pero todavía no surge con nitidez la profesión de árbitro, sino que es una ocupación. Por eso queremos contribuir a la profesionalización de esa tarea”, dice Peña.
Respecto a las decisiones que tomen, éstas serán públicas, para estar abiertos al escrutinio público y, además, ir creando jurisprudencia. “No deja de ser interesante, además, tener tres personas que son muy distintas y ver cómo abordan el debate que habrá de un tema desde el punto de vista jurídico y económico”, dice Vial.
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