El pasado 16 de mayo, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) sepultó las aspiraciones de LAW de recobrar la estabilidad operacional y financiera.
La autoridad revocó definitivamente el Certificado de Operador Aéreo (AOC), dado los incumplimientos a la normativa técnica que arrojó la auditoría realizada entre el 20 y el 29 de marzo.
Diario Financiero tuvo acceso, vía Transparencia, al informe que detalla las irregularidades de la cuestionada aerolínea y que, a juicio de la DGAC, la falta de cumplimiento de dichos requisitos afectaban la seguridad de las operaciones aéreas.
El documento de 60 páginas evidencia, entre otros incumplimientos, que la aerolínea no operaba con seguros de aviones, entre ellos la falta de seguros de responsabilidad civil por daños a terceros, pasajeros y tripulantes, siendo los últimos seguros vigentes de noviembre de 2017.
Esto punto afectaba a cinco de sus aeronaves, y según explica la autoridad, esto implicaba que en caso de sufrir daños, los ocupantes no recibirían una indemnización de 2.000 UF, según la normativa.
Otro incumplimiento del área operacional responde al no pago de tasas aeronáuticas, precisando que la empresa no pudo acreditar el desembolso de estos valores que le permiten hacer uso del aeropuerto y de los servicios de navegación aérea en sus operaciones.
Suma y sigue. Las autorizaciones vigentes de sus tripulantes. Según devela el documento, al momento de la auditoría, LAW tenía un piloto que no contaba con las “habilitaciones tipo” vigentes.
Esto es un permiso que autoriza pilotear un determinado avión.
Según detalla el documento, la compañía designó el vuelo del 1 de marzo de 2018 a un piloto, sin cerciorarse del vencimiento de sus autorizaciones.
También detectó que la compañía no contaba con capacitaciones para sus tripulantes para enfrentar actos de interferencia ilícita o ataques terroristas.
Otro requisito no cumplido es contar con un Centro de Mantenimiento Aeronáutico (CMA). Estos establecimientos están acondicionados para hacer las mantenciones a las aeronaves, y según detalla el informe, “el operador aéreo no dispone de un CMA propio e independiente aprobado o reconocido por la DGAC”.
Otros de los problemas fue el no pago de sueldos en los meses de enero, febrero y marzo de 2018, la no entrega de sus estados financieros y la imposibilidad de detectar la trazabilidad de algunos repuestos en bodega, e incluso otros instalados en las aeronaves.
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