Ilícitos aduaneros, declaraciones falsas y tráfico de armas, son algunos de los hechos por los que hoy el gobierno de Estados Unidos pide la extradición del empresario colchagüino, Carlos Cadoen, quien se encuentra desde el 16 de abril con arresto domiciliario total en su fundo El Boldal, en Santa Cruz.
Una historia que lleva tramitándose más de 25 años y la que podría entrar a recta final los próximos meses, pues el viernes pasado el gobierno norteamericano pidió formalmente a la Cancillería de Chile la extradición de Cardoen para llevarlo a juicio por los crímenes antes mencionado.
Sin embargo, el caso podría ser menos sencillo de lo presupuestado, ya que los hechos por los que se le acusan al empresario son anteriores al actual acuerdo de extradición sostenido entre Chile y los Estados Unidos que data de 2017.
Según el profesor de derecho internacional Universidad de chile y presidente Asociación Chilena de Derecho Internacional Privado, Eduardo Picand, la discusión entre las partes se centraría principalmente en la prescripción de los delitos por los cuales es acusado Cadoen.
"Aquí habrá discusión sobre si se aplica el tratado de extradición de 1900 o el nuevo de 2017", lo que a juicio del experto, tienen amplias diferencias, que llevará a las partes a una cruzada para persuadir al ministro a cargo, Carlos Aránguiz, de convencer sobre por cuál acuerdo se regirá.
"En mi opinión sólo puede aplicarse el tratado bilateral de extradición de 1900 y algunos tratados especiales sobre tráfico de armas que también tienen normas de extradición", argumenta Picand, quien añade que este acuerdo tiene una listado de delitos extraditarles, donde no se incluye el tráfico de armas.
Luego, otro elemento clave son las pruebas que presenten los abogados representantes de Estados Unidos, Alfredo Etcheverry y René García, quienes el 22 de marzo presentaron la orden con fines de extradición.
Explica que será clave para el país norteamericano presentar pruebas contundentes que permitan concluir a la Corte Suprema de Chile que Cardoen debe ser juzgado por un tribunal de ese país, porque de lo contrario, puede "caer en arbitrariedades", pues de telón de fondo este antecedente marca un peso para presumir que se dictaría una acusación en Chile.
En paralelo, el ministro Carlos Aránguiz pedirá un informe a la fiscalía judicial de la Corte Suprema, la cual no es una opinión vinculante, pero que podría cobrar relevancia en el caso.
Luego de la sentencia –que podría darse en un plazo de seis meses-, las partes pueden apelar para que la sala penal de la suprema resuelva en definitiva.
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