Hace poco más de cuatro años, en la antesala del juicio con Alsacia en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), por la demanda interpuesta por los hermanos Carlos y Francisco Ríos contra el Estado de Chile, el gobierno creó un marco regulatorio para la coordinación de la defensa del país en arbitrajes de inversión.
Aunque en la práctica esto se había venido dando desde que Víctor Pey demandó al Estado en la década de los '90, fue hace poco años que tomó forma a través del Programa de Defensa de Arbitrajes de Inversión Extranjera, que es dirigido por el Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) y que está bajo la supervisión del Comité Interministerial para la Defensa del Estado en Controversias Internacionales en Materias Relativas a Inversiones, del Ministerio de Relaciones Exteriores, organismo que hasta mediadios de 2020 se había reunido 16 veces.
Según la información de la propia Subrei, el rol de esta iniciativa es defender y velar por los intereses de Chile en las controversias que se susciten en materia de inversión extranjera, tanto en su fase arbitral como en fases anteriores al surgimiento de una disputa internacional, realizando un seguimiento de los hechos que puedan dar lugar a una eventual controversia, y así evitando el escalamiento de conflictos en la materia.
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La estrategia, que ha tenido un trabajo silencioso, anotó su primera victoria hace unos días cuando se desestimó el alegato de los hermanos Ríos, incluso condenándolos a pagar millonarias costas.
Pero para cumplimiento el objetivo, el programa lleva adelante el proceso de consultas y negociaciones amistosas con los inversionistas extranjeros bajo los acuerdos de inversiones o de libre comercio, encargándose de la coordinación entre las instituciones públicas involucradas, determinando la postura del Estado y centralizando la información y antecedentes del caso.
En 2018, con la llegada de Rodrigo Yáñez a la entonces Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) -hoy Subrei-, el equipo de esta unidad que coordina la estrategia ante los litigios comenzó a reforzarse.
Según cuenta Yáñez, una vez iniciado el juicio con Alsacia, se decidió reforzar el programa: "Estábamos partiendo con el juicio y había que contestar la demanda. Entonces empezamos a reforzar el equipo". Ahí fue cuando se reclutó a Mairée Uran Bidegain, una abogada colombiana con raíces en Uruguay y Francia, para ser la coordinadora del programa.
La medida no fue al azar. Uran había sido asesora legal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), institución del Banco Mundial con sede en Washington, donde trabajó por más de siete años.
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Antes también había sido asociada en el grupo de arbitraje internacional de la firma de abogados White & Case LLP, donde asesoró a estados soberanos y partes privadas en la resolución de disputas internacionales, negociaciones transfronterizas y transacciones internacionales, según la información de American University Washington College of Law.
Con este reclutamiento, se sumaron otros al equipo de la Subrei: los abogados Pablo Nilo, Macarena Rodríguez y José Javier Gorostegui, todos con experiencia en materia de litigios que les valió una posición en el programa.
"La gracia de este equipo es que todo los casos lo hemos ganado", explica Yáñez, quien agrega que hoy están buscando reclutar a un nuevo profesional para ser parte del equipo.
Hoy, los abogados tienen una nueva misión luego de que los controladores de Nuevo Pudahuel -integrado por los franceses Aeroports de Paris, Vinci Airports y Astaldi- informaran que iniciarán un proceso ante el Ciadi tras sus diferencias con el Ministerio de Obras Públicas.
Y es que entre otras funciones del programa, está que lleva adelante el proceso de consultas y negociaciones con el inversionista, y se encarga de la coordinación entre las instituciones públicas involucradas en la controversia, determinando la postura del Estado.
"Lo que nosotros hemos querido hacer con este reforzamiento es no solamente ser un administrador de los casos, sino que también llevar su dirección y tener una intervención mucho más estratégica y de control de la línea argumental", declara el subsecretario.
En un seminario web realiado en junio de 2020, en Estadiodiario.com, Uran señaló que este tipo de controversias involucran una serie de sectores, intereses y prioridades, que requieren un acción muy coordinada del Estado.
En ese foro, la abogada explicó que el trabajo que ellos realizan comienza antes que un privado presenta un caso, ya que coordina los procesos de solución de controversia, tratando de prevenir que cuando hay una queja, se concrete el arbitraje.
Ahí explicó que en los últimos dos años han hecho un esfuerzo por identificar potenciales conflictos que puedan desatarse y capacitar a funcionarios públicos respecto a las obligaciones internacionales del Estado, ya que sus acciones comprometen la responsabilidad internacional de Chile.
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