Las empresas productoras de pollo hicieron públicos los descargos que efectuaron ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia el jueves pasado en respuesta a la acusación por colusión presentada por la Fiscalía Nacional Económica que pidió multas de US$ 27 millones de manera separada a Agrosuper, Ariztía, Don Pollo y una US$ 18 millones a la Asociación de Productores de Aves (APA), además de su disolución.
En ese contexto, Ariztía calificó como “errónea, sesgada e incompleta” la información que presentó la FNE al TDLC. A través de un comunicado, la empresa dijo que la FNE excluye aspectos fundamentales que influyen en el mercado interno de los productos de carne de pollo, como lo son la influencia de las importaciones y los productos potencialmente sustitutos que restringen y disciplinan el comportamiento de las industrias nacionales, como lo son las carnes de pavo, cerdo y vacuno.
Ariztía afirma que el requerimiento de la FNE carece de fundamentos al momento de probar que este supuesto acuerdo entre competidores haya perjudicado en alguna manera a los consumidores de estos productos, ya que los productores nacionales de carne de pollo no tienen el poder de fijar los precios finales con que llegan a estos consumidores, porque la distribución de los mismos se hace en un 100% a través de terceros, es decir, a través de los supermercados, el canal tradicional y clientes industriales.
Don Pollo
Don Pollo en tanto aseguró que no ha participado en ningún acuerdo de limitación de la producción y asignación de cuotas. “Es más, la producción real de Don Pollo de los últimos 5 años es diferente de la planteada por la autoridad según las estimaciones de la APA, lo que confirma que su producción se resuelve en forma independiente”.
Según la empresa, los intercambios de información sobre diversas materias relevantes para la industria al interior de una asociación gremial son perfectamente lícitos, más aún cuando se trata de información que es pública que puede ser obtenida sin mayores restricciones a través de publicaciones de la autoridad administrativa.
“La sanción solicitada por la Fiscalía es desproporcionada e injustificada. No considera ninguno de los criterios establecidos en la ley”, dijo Don Pollo.
APA
La Asociación de Productores Avícolas (APA), por su parte, aseguró que tampoco ha participado en ningún acuerdo que limite o fije cuotas de producción y enfatiza que desconoce la existencia de acuerdos de este tipo entre las empresas productoras.
Junto con desconocer la participación de estas empresas en acuerdos de producción, dijo que la existencia de un acuerdo de este tipo “carece de sentido económico frente a un producto transable como es la carne de pollo, en un país con uno de los mercados más abiertos del mundo, donde el índice de comercio internacional es de 38% y el precio de la carne pollo está arbitrado por el precio internacional”.
Agrosuper
“Negamos tajantemente cualquier acuerdo colusivo”. Con estas palabras respondió Agrosuper al requerimiento interpuesto por la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
Según la empresa ligada al empresario Gonzalo Vial, las imputaciones de la entidad no son efectivas y “desconocen la realidad de los mercados relevantes, que demuestra inequívocamente el correcto funcionamiento de éstos.
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