Por Rodolfo Carrasco
En medio de la contingencia, el subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Irarrázabal se refirió a la crisis sanitaria del complejo agroindustrial.
-¿Cuál es la situación de la planta de Agrosuper en Freirina?
-Se inició el proceso administrativo de revisión de la resolución de calificación ambiental de la planta, para que un proyecto cuyas variables ambientales no han evolucionado de la forma que se pensó de acuerdo a la evaluación original de 2005.
-¿Esta planta ya era objeto de sumarios?
-Existen varios procesos sancionatorios en curso en contra de la empresa producto de incumplimientos detectados de su resolución de calificación ambiental. Eso está en manos de la comisión de evaluación regional, hay oficios a los servicios involucrados y la empresa tiene derecho a hacer sus descargos. Las posibles sanciones en términos de multas son bastante bajas, el máximo es de 500 UTM, algo así como $ 15 millones. La fiscalización ambiental la coordina el Seremi de Medio Ambiente, pero la fiscalización propiamente tal la hacen los distintos servicios SAG, Conaf, Salud, Medio Ambiente; todos tienen competencia.
-¿Esto cambiará con la entrada en vigencia de los Tribunales Ambientales y la Superintendencia de Medio Ambiente?
-Efectivamente, la semana pasada salió el fallo del TC respecto al examen de constitucionalidad del proyecto que crea los Tribunales Ambientales, una vez que se publique la ley, esperamos sea en junio, empieza a correr un plazo de seis meses para la entrada en vigencia del primer Tribunal Ambiental en Santiago y con eso la Superintendencia de medio Ambiente empieza a fiscalizar y sancionar. Esperamos que la nueva institucionalidad opere desde diciembre. Se establecen multas de más de US$ 9 millones; y una serie de facultades que le permiten al superintendente poder actuar en forma rápida. Se pueden decretar clausuras temporales en forma más expedita.
-A raíz de lo de Freirina ¿se aumentará la fiscalización a las plantas faenadoras de alimentos?
-Lo fundamental es aplicar el principio preventivo, porque es mucho más caro actuar cuando se ha producido una contingencia ambiental.
Estamos iniciando procesos de generación de una norma de olores, que es compleja, porque hay mucha dosis de subjetividad en la apreciación de cuándo un olor es molesto. Estamos haciendo un mapeo de dichos olores en todo el país. Además, hay un encargo especial a los seremis sobre la fiscalización ambiental de tener presente cualquier posible molestia a la comunidad en cuanto a olores. Lo que se fiscaliza son los procesos que puedan estar generando olores; sea animal, industrial o químico.
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