La Clínica las Condes tiene algunos frentes abiertos y sin embargo está dispuesta a seguir dando pelea. A los cuestionamientos de su accionista principal Cecilia Karlezi, que solicitó citar a una junta extraordinaria para revocar el directorio, ahora se suma otro conflicto que le prohíbe suscribir contratos con el Estado.
La entidad de salud acudió al tribunal constitucional para solicitar se declare la inaplicabilidad de los artículos del código del trabajo que impiden a una empresa participar en licitaciones o suscribir contratos con el Estado por un lapso de al menos dos años cuando ha sido condenada por prácticas anti sindicales o infringir los derechos fundamentales del trabajador.
Esto después que el Segundo Juzgado de Letras fallara a favor del médico oncólogo Manuel Álvarez Zenteno, que interpuso una denuncia de procedimiento de tutela laboral de vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido. La sentencia a favor del médico fue fallada a fines de junio, imposibilitando que CLC pueda renovar su atención a pacientes de Fonasa.
Actualmente CLC presentó un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones, proceso que está pendiente de su resolución.
Con ocasión de la sentencia la compañía informó a la CMF que mantienen un contrato con Fonasa correspondiente a una licitación de junio de 2017 y que permite que Clínica las Condes trate a pacientes de Grupos Relacionados de Diagnósticos (GDR), prestaciones que la unidad de gestión de camas del organismo entrega mediante licitaciones. De ser condenada definitivamente CLC no podrá renovar dicho contrato. En todo caso la empresas aclaró que estos servicios no son relevantes para ella ya que generan pérdidas anuales por $ 1.000 millones por contratos bianuales. El contrato actual con Fonasa, que vence en junio de 2019, representó 1,5% de los ingresos de las empresas durante 2017, el primer año de vigencia.
"Si nuestra representada es, en definitiva, sancionada por haber incurrido en esa especie de vulneración de garantías fundamentales (cuestión cuya decisión corresponde al juez de fondo), deberá darse aplicación a ambos preceptos legales cuya inaplicabilidad se solicita, indefectiblemente, salvo que US.E., los inaplique tal como se pide en este requerimiento, precisamente porque dicha aplicación, en este caso concreto, resulta contraria la Constitución, tanto al quebrantar derechos que la Carta Fundamental reconoce y asegura a mi representada, como por lesionar los de pacientes que se atienden en todas las áreas de la Clínica, en especial, aquellos del área de urgencia o que se ven afectados por graves enfermedades, y ello sin considerar la vulneración de otros bienes especialmente tutelados en la Constitución", advierte la compañía en el escrito ante el TC.
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