Por Natalia Godoy
El 31 de julio de 2012 es la fecha tope que tiene La Polar para concretar el aumento de capital que dejó amarrado el convenio judicial preventivo acordado el pasado 7 de noviembre de 2011 con los acreeedores.
Para llevarlo a cabo son varios los obstáculos que la actual administración está tratando de superar.
Entre los pendientes está mantener a los actuales inversionitas para que concurran al aumento de capital, entre ellos están las administradoras de fondos de pensiones. En esta misión está participando Celfin que fue contratada para asesorar a la compañía en todo el proceso. Aquí se enfrentan al escenario de que, en caso de que los accionistas dejen pasar su opción preferente, tengan que buscar un interesado con las espaldas financieras que quiera ingresar a la firma para levantarla.
Para esta parte del proceso será clave el road show previsto para marzo. Para ese entonces el prospecto contará con los estados financieros del retail hasta el 31 de diciembre de 2011, auditados por Ernst & Young, los cuales deberían estar terminados a fines de febrero, puesto que el plazo máximo que tiene la firma para entregarlos a la autoridad es el 31 de marzo.
Millonarias multas
El obstáculo más complejo es la batalla judicial que mantiene el Sernac con la firma. Hasta ahora las repactaciones unilaterales siguen causándole un intenso dolor de cabeza no sólo a los consumidores afectados sino que tambien a la compañía.
Esto porque de no resolverse este frente antes de julio, que es el plazo máximo para el aumento de capital, las posibilidades de atraer invesionistas a la firma son escasas, puesto que nadie querría hacerse cargo de una contigencia que podría involucrar desembolsar grandes sumas de dinero, considerando que ya la firma lleva a cuestas grandes compromisos financieros con sus acreedores.
La actual administración ha tenido que salir a hacer frente al problema.
Y es que la defensa de los consumidores asumida por el mismo director del Sernac, Juan Antonio Peribonio, en caso de llegar hasta las últimas consecuencias, puede significar el pago de una millonaria multa que podría poner en peligro la viabilidad del retailer.
Si el tribunal resolviera fallar en contra de La Polar, se habla desde US$ 30 millones y hasta US$ 30.000 millones sólo de pago en multas para el Fisco, además de las indemizaciones a los clientes, en caso de que la justicia así lo determine.
En este caso la demanda colectiva incluye al menos cuatro infracciones a la normativa al realizar repactaciones unilaterales por: atentar contra la libre elección, el derecho a información veraz y oportuna, deficiente prestación del servicio y cláusulas abusivas en los contratos.
Lo complejo de esta contigencia es que a la hora de cuantificar el monto resulta una suma estratosférica. Por eso, la adminsitración de la compañía ha estado sumida en una intensa campaña de concientización de lo que significaría hacer quebrar a La Polar, en todas las instancias: gobierno y políticos. La idea es que antes del aumento de capital, este tema esté resuelto.
Los argumentos esgrimidos son que si se aplican las multas millonarias, el el aumento de capital podría fracasar y con eso el convenio judicial se cae. Esto implicaría que los accionistas perderían sus inversiones, los acreedores recuperarían sólo un 7% en vez del 50% que tienen hasta ahora, y unas siete mil personas perderían su trabajo.
La demanda colectiva representa a cerca de un millón de clientes, de los cuales existen diferentes grupos. Por ejemplo, clientes que siendo repactados unilateralmente pagaron sus cuentas viéndose afectado su patrimonio, pero también existen personas que adquirieron productos y no pagaron por ellos. La empresa devolvió unos $3.000 millones a 18.500 afectados.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Bolsa chilena
