El tiempo está corriendo. El proceso de participación ciudadana para la elaboración del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) para Quintero y Puchuncaví parte el 5 de noviembre. El gobierno hizo valer la causal de urgencia del artículo 63 de la ley 19.880, con lo que los plazos se reducen a la mitad, por lo que la instancia estará vigente hasta el 14 de diciembre.
Según ha informado el subsecretario del Medio Ambiente, Felipe Riesco, se realizarán ocho actividades presenciales, distribuidas en Concón, Quintero y Puchuncaví, y abiertas a la comunidad. La autoridad dijo que incluirán diálogos participativos y casas abiertas, donde representantes del ministerio explicarán el plan y recogerán las impresiones y dudas de los habitantes.
No obstante, hay ciertas preguntas. Según fuentes consultadas, el plazo interno en el que el Ministerio de Medio Ambiente debe publicar una primera versión del plan a consulta es el 30 de octubre, pero aún no habría una minuta que aglutine todas las ideas matrices que busca plasmar la autoridad en el documento.
El compromiso del gobierno es ingresar el plan a Contraloría antes del 31 de diciembre.
El exfiscal del Ministerio de Medio Ambiente, Jorge Andres Cash, plantea que el artículo 63 de la 19.880 no fue pensado para acortar a la mitad los plazos de expresión ciudadana. Su origen –dice- es estrictamente normativo y de eficiencia procesal.
“Es temerario entenderlo de otra forma, cuando existe una controversia en curso por la posposición de la firma del acuerdo de Escazú por parte del Estado de Chile y cómo avanza nuestro país en materia de participación ciudadana”, sostuvo.
A su juicio, en esta consulta pública el gobierno se juega la legitimidad social del nuevo Plan de Descontaminación y, por tanto, asumiendo los plazos acotados, “debe desplegar a sus mejores funcionarios a objeto de que esta instancia no se transforme en un choque de bandos”.
Según información extraoficial, el proceso estará a cargo del jefe de la división de calidad del aire del Ministerio del Medio Ambiente, Marcelo Fernández, y Roberto Martínez, jefe del departamento de Planes y Normas.
“El gobierno, si fuese necesario, deberá hacer uso de todas las herramientas administrativas que le franquea el ordenamiento jurídico, a objeto que la comunidad de Quintero y Puchuncaví sea incorporada en el marco de un proceso digno y respetuoso, en que si se hace necesario prorrogar los plazos de consulta, se haga con la misma celeridad con que se aplicó la urgencia a la tramitación del Plan en su conjunto”, sostuvo Cash.
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