Andrés Chadwick
Vocero de Gobierno
“No hay ninguna acción anti empresarial o persecutoria del empresariado, pero sí hay un compromiso profundo con la igualdad ante la ley”.
Lorenzo Constans
Presidente de la CPC
“Estas acciones deberían ser un poquito más prudentes (...) Me gustaría que con la misma intensidad fueran transmitidas cuando no existe ningún problema”.
Carlos Eugenio Jorquiera
Presidente de la CNC
“He advertido una rigurosidad que, además, coincide con mucha campaña publicitaria de parte de la autoridad y muy apoyada por la prensa. Eso nos ha llamado fuerte la atención”.
Felipe Larraín
Ministro de Hacienda
“Lo importante es proteger los derechos de los consumidores. Si al final de este proceso no existe evidencia de un comportamiento colusivo, no ocurrirá nada”.
Pablo Longueira
Ministro de Economía
“Esta es una labor que frecuentemente hace la FNE de estar investigando todos los sectores de la economía. Es reservada y se han cumplido algunos procedimientos”.
El sector empresarial alzó la voz respecto de la investigación que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) lleva adelante a las cadenas de supermercados Cencosud, Walmart, SMU y Tottus por supuesta colusión.
Fue en La Moneda, al finalizar la cuenta pública del Ministerio de Hacienda, donde dirigentes del empresariado expresaron sus críticas.
Lorenzo Constans, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), señaló que “estas acciones deberían ser un poquito más prudentes”, refiriéndose al allanamiento efectuado el miércoles a oficinas de las cadenas de supermercados por parte de Carabineros y personal de la FNE, en la que se incautaron computadores. Agregó que, producto de estas acciones, “lamentablemente se puede producir un prejuicio y eso es difícil de revertir”. Pero el timonel de la CPC fue más allá, al decir que respecto de las diligencias, “me gustaría que con la misma intensidad sean transmitidas cuando no existe ningún problema”.
En la misma línea, Carlos Eugenio Jorquiera, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), dijo que “he advertido una rigurosidad que además coincide con mucha campaña publicitaria de parte de la autoridad (Fiscalía Nacional Económica) y muy apoyada por la prensa. Eso nos ha llamado fuerte la atención”.
Las declaraciones de los dirigentes dan cuenta de una preocupación al interior del empresariado que ve una presión al sector por parte del gobierno. Y es que la repercusión pública que tuvo el conocimiento de esta investigación reservada a los supermercados llega sólo días después de que la propia FNE informara la acusación por colusión contra los productores de pollo.
Anteriormente, el mismo sector retail -y también la banca- ha criticado aspectos relevantes de proyectos de ley planteados por el gobierno tras caso La Polar, tales como Sernac Financiero o incluso el proyecto de deuda consolidada.
La réplica del gobierno
Frente a estas críticas, el gobierno decidió salir al paso. El ministro de Economía, Pablo Longueira, quien señaló a La Segunda que “los buenos empresarios no tienen nada que temer”, resaltando que la labor que hace la FNE de estar estudiando e investigando todos los sectores de la economía es reservada y, en este caso, se han cumplido algunos procedimientos. “Estas investigaciones (incautación de computadores) confirman que son procesos que se vienen desarrollando desde hace algún tiempo”, explicó el ministro.
En paralelo, Andrés Chadwick, vocero de gobierno, respondió a los planteamientos de Jorquiera señalando que “no hay ninguna acción anti empresarial o persecutoria del empresariado por este gobierno, pero sí hay un compromiso muy profundo de este gobierno con la igualdad ante la ley”.
Sobre el despliegue mediático en los allanamientos a las oficinas de los supermercados, el ministro Chadwick dijo que “entenderían como un insulto si a los medios de comunicación el gobierno les estuviera pauteando lo que deben hacer”.
En tanto, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, declaró que en esta instancia “lo importante es proteger los derechos de los consumidores, proteger la competencia. Si al final luego de este proceso no existe evidencia de un comportamiento colusivo, no ocurrirá nada”.
La FNE, en tanto, comunicó que la investigación es encabezada por el subfiscal Jaime Barahona, en carácter de fiscal subrogante. “Lo anterior, por inhabilidad declarada con fecha 22 de agosto pasado por don Felipe Irarrázabal” (ver recuadro).
Los temas que llevaron a Irarrázabal a inhabilitarse
En julio de 2007 la Fiscalía Nacional Económica (FNE), en ese entonces dirigida por Enrique Vergara, presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra D&S, matriz de Líder; y Cencosud, matriz de Jumbo y Santa Isabel.
El abogado que representó a Cencosud en la causa fue Felipe Irarrázabal, actual fiscal económico, lo que lo obligó a inhabilitarse en esta ocasión. Además, el fiscal está en una situación compleja en el caso, pues su hermano Cristóbal es el gerente general corporativo de Tottus, otra de las investigadas.
La defensa de Cencosud
En el escrito de 2007, la FNE dijo que el escenario de excesiva concentración en el mercado mediante fusiones era “propicio para que los dos actores (...) imiten sus conductas, tengan comportamientos paralelos abusivos y hasta se coordinen para ello”. Sobre esta acusación, el ahora Fiscal dijo que era grave, que no tenía fundamento y/o evidencia, y que contradecía lo que cualquier observador podría deducir luego analizar en forma superficial este mercado. “Cencosud compite fieramente con D&S y con los otros canales de distribución de víveres y abarrotes”, señaló y dijo que “sólo la existencia de intensa competencia explican que los supermercados gasten ingentes sumas en publicidad y promociones”.
La FNE acusó que las cadenas habrían habría ejectuado hechos que “restringen o entorpecen la competencia en la industria supermercadista”. La fiscalía solicitó, entre otras cosas, que las cadenas establecieran un acuerdo con sus proveedores. Cencosud respondiócon sorpresa, indicando que ya tenía dichos acuerdos comerciales. Sin embargo, creó un nuevo acuerdo, el que incluye aportes que realizan los proveedores por concepto de apertura de nuevos locales o reinauguraciones.
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