Marine Harvest Chile presentó demandas civiles en contra de quien fuera su gerente general -hasta enero 2011-, Álvaro Jiménez Seminario, que se enmarcan en el proceso judicial iniciado con la medida prejudicial precautoria decretada por el 14 Juzgado Civil de Santiago. Se trata de demandas civiles contra el ex ejecutivo y sus socios y principales accionistas de Salmones Sur Austral (SSA), Fernando Toro Riveros y Francisco Ariztía Reyes.
Las acciones legales, según explicó el abogado de la filial de la salmonera noruega, José Miguel Gana, “busca que se reconozcan diversas infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas por parte del ex gerente general y la obligación de los demás intervinientes, en orden a indemnizar los perjuicios y restituir los beneficios patrimoniales obtenidos a partir de dichos actos”.
Según consta en el escrito, “el demandado, haciendo uso de información que conoció en razón de su cargo, ideó un negocio y persiguió insistentemente su realización bajo la apariencia de perseguir el interés de Marine Harvest y Salmones Tecmar, cuando su verdadera motivación era lucrar personalmente y aprovechar, para su beneficio y el de las personas a quienes invitó a este negocio, de una oportunidad comercial que se originó a raíz de la crisis sanitaria derivada del virus ISA”, argumenta.
Por ello es que exigirán que Jiménez y los socios de Salmones Sur Austral restituyan a Marine Harvest Chile los dineros obtenidos tras la firma de los contratos de compraventa y maquila, además de una indemnización por los perjuicios causados y el pago de las costas del juicio.
“Lo que buscamos es que los responsables de estos actos respondan patrimonialmente”, afirmó el abogado.
A juicio de la compañía, con su actuación, Jiménez vulneró gravemente obligaciones esenciales que la Ley de Sociedades Anónimas exige a los gerentes generales de cualquier compañía. Gana expresa que “estas normas se relacionan con el respeto a los deberes fiduciarios y de lealtad que éstos deben cumplir en el ejercicio de su cargo y además del principio de la buena fe. Este deber de lealtad es la contrapartida a la confianza depositada en él por los accionistas y directorio de Marine Harvest, deber que le impedía beneficiarse a expensas de sus empleadores”.
Dentro de las infracciones que la empresa atribuye a Jiménez está la que exige que cualquiera sea el acto o contrato celebrado en el que un director (gerente) tenga interés por sí o como representante de otra persona, debe ser conocido y aprobado previamente por el directorio, estableciéndose como requisito que el negocio se ajuste a las condiciones de equidad similares a las de mercado. Asimismo, se impide al gerente general usar los bienes de la empresa en beneficio propio.
Historia
A mediados de 2009 Marine Harvest firmó un contrato con SSA, mediante el cual la firma controlada por capitales extranjeros “entregaría 1.600.000 smolts para ser engordados y cedería el uso de los activos productivos y know-how necesarios para llevar a cabo dicha engorda, a cambio de recibir un pago eventual, tanto por los peces como por el uso de los activos, sólo en el caso que la engorda de los peces resultara exitosa”, se explica en la demanda.
Por su parte, los inversionistas deberían financiar todos los costos y gastos asociados a cambio de percibir las utilidades, después de haber pagado a Marine Harvest los pagos eventuales ya referidos.
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