Las gestiones que la constructora brasileña OAS realizó a través del operador político Giorgio Martelli para entrar en contacto con los titulares de los ministerios de Obras Públicas y Energía del primer gobierno de Michelle Bachelet, son un ejemplo claro de la forma en que las empresas no tienen que actuar a la hora de relacionarse con los funcionarios públicos.
De hecho, el riesgo reputacional asociado al cohecho es lo que ha motivado a las compañías a establecer protocolos al respecto y monitorear su cumplimiento. El primer estudio sobre la materia, realizado por BH Compliance determinó que el 21% de los 130 grupos empresariales medidos cuenta con algún tipo de normativa respecto de la forma en que se relaciona con el sector público.
“Esto lo vemos como una mejora que se explica justamente por el mayor compromiso que están teniendo las compañías al advertir los riesgos a los que se exponen cuando interactúan con entidades o funcionarios estatales en secreto y con fines dudosos”, dijo Susana Sierra, directora ejecutiva de la consultora que mide la cultura del sector privado.
Agrega que si bien se trata de un tema cultural que es difícil de instaurar, se ha producido una evolución hacia la definición de mejores prácticas las que, entre otras cosas, incluyen directrices acerca de cómo pedir una reunión con un funcionario público, independiente del grado que éste tenga, cómo registrar esta cita, dejando incluso testimonios fotográficos de ésta y minutas acerca del contenido de la cita. En algunos casos el protocolo establece, por ejemplo, que nunca a este tipo de reuniones puede asistir sólo un representante de la empresa o fija lugares específicos para realizarlas, procurando establecer una trazabilidad de estos encuentros.
La ejecutiva comenta que este tipo de registros resulta de utilidad para las compañías para aclarar alguna denuncia o desconfianza en torno a su actuación que pudiera surgir en forma posterior, como sucedió en el caso de OAS.
Entre las conclusiones de la investigación figura que el 47% de las firmas mantiene sus políticas y controles en funcionamiento desde el proceso de certificación hasta el de monitoreo. Sin embargo, un 15% de ellas no han alcanzado los estándares de suficiencia, ya que aún no disponen de controles o bien estos no están operativos.
Sierra menciona además, que un 17% de las empresas medidas quedó pendiente de evaluación, ya que pese a contar con controles no cuentan con registros debido a que declaran no haber mantenido este tipo de interacciones con funcionarios públicos, lo que se constituye como algo dudoso ya que por su naturaleza es muy difícil que una empresa no tenga este tipo de contactos.
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