En medio de la polémica por el regreso de Julio Ponce Lerou como asesor a SQM, los senadores socialistas iniciaron una ofensiva fiscalizadora, en el marco de la cual oficiaron al presidente Sebastián Piñera para que sea el Consejo de Defensa del Estado el organismo que estudie las acciones a seguir para garantizar el cumplimiento del contrato entre Corfo y SQM.
Adicionalmente, mañana jueves solicitarán que el vicepresidente de Corfo, Sebastián Sichel, se inhabilite por un eventual conflicto de interés que lo estaría afectando en su actual posición.
Según explicó el presidente del Partido Socialista, senador Álvaro Elizalde, “estamos solicitando formalmente que el vicepresidente ejecutivo de Corfo se inhabilite de tomar cualquier decisión en esta materia, por el conflicto de interés que generaría, ya que hasta hace poco tiempo atrás prestó servicios a empresas vinculadas con el litio”.
Aunque a esta hora no estaba clara la fórmula cómo se hará llegar mañana el documento de trece carillas -al que tuvo acceso el Diario Financiero- a Sichel, si se hará de manera pública o sólo se entregará privadamente en la oficina de partes de Corfo, su contenido es suscrito por la bancada de senadores del PS, aseguran en el Congreso.
Así, según consta en el extenso documento que los firmantes “solicitamos al señor vicepresidente ejecutivo de CORFO, de oficio se inhabilite y abstenga de intervenir en todo procedimiento administrativo relativo a la empresa SQM y sus empresas relacionadas, y en general, en toda decisión administrativa relacionada directa o indirectamente con el negocio del litio, con el objeto de evitar infracciones al principio de probidad e imparcialidad al concurrir circunstancias que le restan imparcialidad en el ejercicio de sus competencias, ya sea, por haber prestado servicio con anterioridad a empresas relacionadas con dicha entidad y por haber emitido opinión o pronunciamiento con anterioridad sobre el negocio del litio”.
Más adelante se hacen otras peticiones, como que el vicepresidente ejecutivo de CORFO “oficie a SQM y a sus empresas relacionadas, y a toda otra entidad relacionada con la explotación del Litio que tenga operaciones en el país, para que informe todos los contratos que se hayan celebrado entre Sebastián Sichel Ramírez con dichas compañías”.
Y, por último, “del mismo modo, solicitamos se oficie al Servicio de Impuestos Internos para que informe todas las boletas de honorarios que el Señor Sichel Ramírez haya emitido a dichas compañías, ya sea, por él, como persona natural, o por alguna de las sociedades indicadas en su declaración de patrimonio”.
No obstante, el texto también hace referencia a que hasta hoy (6 de junio) Sichel no ha efectuado su declaración de patrimonio e intereses, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 5°, 6° 7° y 8° de la Ley N° 20.880. Es decir, se encuentra incumpliendo una norma fundamental de la Ley sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de Conflictos de Intereses”, incluyendo el link a la página Infoprobidad que da cuenta de que, efectivamente, no se habría realizado la mencionada declaración.
Entre los fundamentos para la solicitud se cuentan la relación de CORFO con el negocio de la extracción y explotación del litio; el acuerdo celebrado entre CORFO y SQM de 17 de enero de 2018; que Sichel tiene un evidente conflicto de interés respecto del negocio del Litio en general y de SQM en particular. Pero también están los fundamentos relacionados “al principio de probidad e imparcialidad de la función pública”.
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