Casi siete meses han transcurrido desde que el gobierno ingresó al Congreso el proyecto que reforma el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Y si bien su discusión continúa en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo se ha limitado a mantener la urgencia simple a la iniciativa, y no hay señales que apunten a que prontamente la autoridad presentará modificaciones.
Sin embargo, entre los casi 30 actores que han presentado sus posturas en la comisión de Medio Ambiente, uno de los tópicos que más inquietud ha generado es la participación ciudadana temprana donde una de las dudas que más se repite es en torno a su diseño, el rol que tendrá el Estado en este proceso y quién en definitiva será la autoridad a cargo.
Aunque se mira de forma positiva el proceso, se deja en evidencia en la comisión que actualmente en los procesos de participación existe desigualdad, ya que las conversaciones son –por ejemplo- en un lenguaje técnico que no permite la simetría a la hora de dialogar y acceder a la información. En esa línea, Danae Mlynarz Pulg, de Valor Minero, dejó en claro en la instancia que cuando se habla de participación temprana tiene que haber instrumentos que permitan hacer un equilibrio en la cancha que hoy está muy dispareja.
“Si nosotros hablamos de participación temprana a secas y no hay un rol del Estado en relación a cómo desarrollar esa participación temprana corremos el riesgo de seguir produciendo los mismos conflictos”, expresó. En esa línea, propuso generar una agencia pública que cumpla un rol especializado en certificar la calidad del diálogo a través de una gobernanza tripartita (sociedad civil, Estado y empresas).
Para el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente (Fenatrama), Francisco Cabrera, lo propuesto por el Ejecutivo es estrictamente procedimental, ya que no queda claro cómo el proceso que se sugiere disminuirá las asimetrías tanto en recursos como acceso entre titulares y comunidades. “No queda claro en el proyecto cómo va a ser garante el Estado en esa participación ciudadana”, dijo, agregando que no queda claro cómo en este proyecto el Estado está presente en equilibrar la cancha ni en dar recursos a la ciudadanía para levantar observaciones.
La Fundación Casa de la Paz, en tanto, también apuntó a una “participación temprana con más Estado”.
También este tópico fue clave para el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín, quien fue más claro y manifestó como propuesta de mejora que sea el Estado (SEA) el gestor y garante tanto del proceso como del resultado de la participación ciudadana anticipada.
“No nos parece razonable que sea simplemente una instancia que se crea, pero luego queda en el fondo bajo la gestión del titular del proyecto y la comunidad organizada”, explicó en su intervención del pasado 12 de diciembre.
Entre los actores que han pasado por la comisión de Medio Ambiente, además de los consensos en cuanto a que el Estado debe tener una participación más activa y garante del proceso, también hay coincidencia en que la participación tempraba debe ser más robusta y se deben revisar los plazos de participación ciudadana dentro de la evaluación ambiental dado que en el proyecto se acortan, lo que se contradice con lo propuesto.
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