Por D. García, C. Cárcamo y
R. Carrasco
Si el Plan Garantizado de Salud (PGS) que plantea el proyecto de ley que el gobierno envió ayer tiene un costo referencial de $ 17.000, como estiman los expertos, 1,4 millón de beneficiarios del sistema de isapres o pagarán un costo adicional por sus planes o tendrán que emigrar a Fonasa. Este es el diagnóstico que hizo el gobierno a través de la Superintendencia de Salud en el informe financiero que acompañó a la iniciativa (ver tabla). Una cifra relevante si se considera que el sistema privado tiene actualmente 2,8 millones de beneficiarios.
El cálculo que hizo el Ejecutivo considera los efectos que tendría para los clientes de las isapres los diferentes tramos que tendría el precio referencial del PGS. En un escenario máximo en que dicho costo llegue a
$ 22.000, implicaría que el alza afectaría a casi 2 millones de personas.
El informe financiero agrega que si efectivamente el valor es de
$ 17.000 y un 10% de los beneficiarios deficitarios se cambiaran de Isapre a Fonasa (unas 142 mil personas) habría un mayor gasto esperado para la entidad estatal de entre
$ 8.364 millones y $ 10.628 millones, dependiendo del estado de salud de la cartera. Este diferencial entre el 7% legal y el costo real del PGS es el que sería fiscal.
Este supuesto de costo fiscal y fuga de cotizantes a Fonasa del gobierno es considerada como conservadora en la industria, considerando que es muy probable que exista una presión de los cotizantes que cambian isapres por Fonasa por seguir con el estándar privado de atención y con la modalidad de libre elección.
El costo del PGS
Según el proyecto, el valor del PGS será definido por cada isapre libremente. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) calculará la variación de una canasta de precios de servicios de salud sobre la cual un grupo de expertos determinará una banda de aumento de los planes. Este dato, sin embargo, no será vinculante para las isapres.
Aún así, la iniciativa del gobierno generó inquietud en la industria. Si bien no quieren proyectar “fuga de clientes” debido a que recién va a empezar la tramitación, ya se habla de que en un escenario realista -y con un valor de referencia del plan de entre $ 15.000 y $ 17.000- la migración a Fonasa podría ser hasta 30% de los cotizantes deficitarios, esto sería entre 360 mil y 420 mil de clientes que podrían pasar Fonasa.
Como referencia, el sueldo promedio del sistema privado es de
$ 800.000 y, en promedio, cada cotizante tiene 1,9 cargas. Asimismo, no todas las isapres se verían igualmente efectadas puesto que las que más sentirían el golpe son las que tienen su cartera más concentrada en sectores de menores ingresos.
El costo que finalmente tenga el PGS va a depender de qué tan similar sea a la modelidad de libre elección de Fonasa. Por ahora, la gran diferencia es que el PGS establece un seguro que se traduce en un tope de copago para los cotizantes.
Reacciones
Ayer, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, destacó la importancia de la creación del IPC de la salud y, sobre todo, de un PGS que tiene este mismo precio para todos los beneficiarios independiente de su género, edad o de su preexistencia. “Crea una equidad en el sistema que hoy no teníamos”, dijo el secretario de Estado, quien espera que la iniciativa sea ley en marzo.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Isapres, Herán Doren, explicó que la iniciativa recoge una aspiración “aparentemente mayoritaria” de tener una tarifa uniforme para todas las personas. “Lo que vemos es que, en la cartera actual, para un número importante de personas este cambio va a ser perjudicial”, dijo.
Una visión diferente tiene el director ejecutivo del Instituto Salud y Futuro, Héctor Sánchez. A su jucio, el contar con un PGS que no discrimine generará que “las personas aunque tengan que pagar más, yo dificulto que muchas se vayan a trasladar”. Agregó que, aún cuando existan personas que se cambien a Fonasa, “va a haber otras que se van a trasladar hacia las isapres”, detalló.
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