En medio de la crisis ambiental que enfrentó Quintero y Puchuncaví en agosto pasado, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) sufrió un incremento significativo en su presupuesto para este año, cercano al 12%, alcanzando un total de $ 11 mil millones.
Este aumento fue uno de los primeros puntos que se instaló en el debate generado por los episodios de contaminación, cuando el entonces superintendente Cristián Franz, expuso la estrechez en los recursos disponibles para las funciones de la entidad en referencia el monto por $ 9 mil millones asignados en el erario nacional de 2018.
Este año, los mayores recursos que recibirá la entidad se destinarán a ítems como el incremento en la dotación con diez nuevos fiscalizadores –principalmente en regiones– junto al equipo de seis funcionarios destinados a la próxima oficina de la SMA en la nueva Región del Ñuble (estrenada el 6 de septiembre pasado), con lo cual suma un total de 16 dependencias.
El superintendente del Medio Ambiente (s), Rubén Verdugo, explica que los recursos aprobados para 2018 permitirán financiar gastos como los que demandan las actividades de coordinación de la Red Nacional de Fiscalización Ambiental (RENFA) y proyectos específicos para mejorar los procesos de competencia de la entidad.
La autoridad señaló que estas medidas están en sintonía con los objetivos estratégicos fijados por el Ministerio del Medio Ambiente en la Ley de Presupuesto, tales como "modernizar al Servicio de Evaluación Ambiental y la SMA, e intensificar la fiscalización de la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental", destacando el mayor foco y fortalecimiento de "la acción de la superintendencia en los casos de Quintero y Puchuncaví".
Las prioridades de 2019
En este escenario, la SMA ya definió los ejes y desafíos en que concentrarán su trabajo en el año que se inicia. El superintendente (s) Verdugo asegura que este año la entidad "dará especial énfasis a la mejora de los tiempos de tramitación de los procedimientos sancionatorios, lo que implica necesariamente una tramitación más expedita del expediente y una reducción en los tiempos de resolución de casos". Esto, aclara la autoridad, sin descuidar la debida fundamentación que requiere la dictación de todo acto administrativo.
Esta última materia es crucial, ya que la SMA ha reconocido que enfrenta demoras en la gestión y que es necesario introducir mejoras para acelerar su capacidad de respuesta. Incluso, esta situación se habría agudizado por el proceso de transición en el que está la organización tras la salida de Franz, que arrastró un conjunto de movimientos de personal que tienen hoy al organismo con tres subrogantes en las áreas clave (Fiscalización, Fiscalía y Sanción y Cumplimiento).
Para este año, esta Superintendencia también definió otras tareas como potenciar su capacidad institucional para asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental. Verdugo detalla que esto se realizará por medio del desarrollo de una actividad fiscalizadora que cuente para su ejecución con un apoyo de herramientas informáticas con objeto de lograr eficiencia y efectividad, junto al incentivo del uso de herramientas de promoción del cumplimiento.
Como era esperable, la crisis en Quintero le pondrá presión a la SMA. Tres días antes del cierre del año 2018, el Ministerio del Medio Ambiente ingresó a la Contraloría General de la República un nuevo Plan de Descontaminación para Concón, Quintero y Puchuncaví. Esta acción -que establece mayores exigencias a las empresas que operan en la zona- implicará para la SMA la tarea de seguir el cumplimiento de las medidas. Por esto, contará con una delegación permanente de profesionales con dedicación exclusiva y asiento en esa zona.
Los sectores que concentrarán la atención fiscalizadora
Según consignó un oficio del 28 de diciembre del año pasado, los sectores económicos potencialmente fiscalizados –por parte de la SMA y otros 13 organismos sectoriales– mediante el programa y subprogramas de fiscalización ambiental de resoluciones de calificación ambiental del año 2019, Minería es el primero en la lista con un 23%. Le sigue Saneamiento Ambiental (17%), Energía (13%), Pesca y Acuicultura (12%) y Agroindustrias (10%).
A continuación figuran Instalación Fabril con un 4% y sectores como Forestal y Transportes y Almacenajes, que solo llega al 2%.
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