Por Miguel Bermeo T.
“Las críticas nos hablan de un profundo desconocimiento de cómo opera la institucionalidad ambiental”, dice de entrada Ricardo Irarrázabal, subsecretario de Medioambiente, ante los dardos que ha recibido la institucionalidad en los últimos días.
-¿El SEA está funcionando en forma apropiada?
- Evidentemente existe una situación, en cuanto a proyectos bastante complejos, que están pendientes para ser resueltos por el Comité de Ministros, pero queremos que la resolución de esos recursos sea hecho de la forma más técnica. Por ejemplo, en el caso de HidroAysén tenemos alrededor de 34 reclamaciones que provienen de más de mil observaciones.
-¿Cuál sería el ideal?
-Que las empresas presenten mejores estudios de impacto ambiental (EIA), con mejor información, porque en la medida que hay mejor información y calidad en los estudios –y aquí hay un llamado a las consultoras medioambientales-, la evaluación será mucho mejor. Van a disminuir bastante los plazos, y la conflictividad ambiental y posible judicialización.
-¿Cómo han sido los EIA que se han presentado?
-El sector privado ha hecho un esfuerzo, pero falta mucho que avanzar en mejorar los estándares medioambientales, en cuanto a la calidad de los estudios de impacto ambiental. Hay ocasiones en que se revisan los estudios y se encuentra con prácticamente ‘copy-paste’ de otros estudios en temas de línea de base. Es inaceptable desde el punto de vista de la evaluación. Como Estado también hay que mejorar. Hay un nuevo reglamento de evaluación que incorpora mejores directrices en temas de evaluación ciudadana (...) pero también se requiere de parte del sector privado una mejora sustancial de la calidad de los estudios.
-En el tema de judicialización ¿es bueno que lleguen a la corte, considerando que no es un órgano técnico?
-Se llega a la Corte de Apelaciones mediante recursos de protección. Uno de los grandes temas de gobierno es la creación de los Tribunales Ambientales para ver esto.
-¿Con estos tribunales se resuelven los problemas?
-En parte sí, pero lo más importante que vemos es cómo atenúas o disminuyes los espacios de discrecionalidad, que la evaluación sea más técnica y que el rayado de cancha sea más preciso para las empresas.
-Algunos proyectos enfrentan dificultades por el Convenio 169, que pide que el Estado haga consultas a pueblos originarios, pero se ha visto a los Tribunales ordenárselo al titular. ¿Cómo se aclarará esta situación?
-Es una obligación del Estado consultar y es el Estado el que debe organizar cómo se debe hacer esta consulta y cómo se traduce en un instrumento específico como el SEA. Es un tema muy importante que estamos asumiendo como compromiso.
-¿Qué pasará con los proyectos que han sido frenados por este tema?
-Hay dos vías de acceso a la evaluación de los proyectos, a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). En el caso de las DIA, no existe participación ciudadana, entonces es difícil que se pueda dar la consulta a comunidades indígenas y eso está diciendo la corte. Entonces hay un análisis importante que hacer, de la pertinencia de determinados proyectos que pudieran afectar a comunidades, que más que hacerlo a través de un DIA, hacerlo a través de una EIA. Y esa es una decisión del titular del proyecto.
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