Tal como anunció el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, durante la tarde de ayer, el superintendente de Valores y Seguros (SVS), Fernando Coloma, acudió esta mañana a las dependencias del Ministerio Público, donde entregó los antecedentes recabados por la entidad reguladora respecto al caso de corrupción en La Polar.
A su salida del recinto judicial, Coloma aseguró que tras ahondar en el caso, la entidad consideró que los "antecedentes deben ser presentados al Ministerio Público por revestir el caracter de delito, o porque revestirían el caracter de delito, particularmente la entrega de información falsa", sin entregar mayor información respecto de la información recabada por la SVS.
La denuncia de la entidad fue presentada contra los responsables de la administración, sin adelantar los cargos, pues, tal como afirmó Coloma, se encuentra en deber de reserva, sólo adelantanto que las irregularidades "llevarían años".
La autoridad sostuvo que la SVS seguirá recabando información y aportando antecedentes al Ministerio Público para "el completo esclarecimiento de este caso, con el objetivo de dar claridad a las personas, a los mercados y a todos los afectados".
El superintendente de Valores y Seguros evitó referirse a las acciones de La Polar, que fueron suspendidas el pasado lunes 13 de junio a la espera de mayor información respecto a las provisiones adicionales comprometidas en el caso de repactaciones unilaterales.
Pese a que la multitienda envió un hecho esencial a la SVS esta mañana, anunciando que el monto comprometido sería de $420.000 millones, Coloma no quiso declarar al respecto.
Cerca de las 19:00 horas de ayer, el ministro Larraín recalcó que el gobierno “cree necesario, dentro del marco de la ley, el desarrollo de investigaciones sobre los alcances criminales de dichos actos”. Y agregó que “por la gravedad de diversas conductas”, el superintendente de Valores y Seguros le comunicó que tras las fiscalizaciones de los últimos días la institución denunciará ante la fiscalía “todos los hechos que revistan el carácter de delito, particularmente en cuanto a la entrega de antecedentes falsos al organismo regulador”.
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