En sesión especial de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, el superintendente de Salud, Luis Romero, sostuvo que las últimas alzas en los planes de salud de las Isapres se han realizado conforme a lo establecido en la ley, esto es, sobre la base de un reajuste del precio base y por el aumento de patologías al Plan Auge.
Junto al fiscal del organismo, Fernando Quevedo, afirmó que hubo especial preocupación por fiscalizar el cumplimiento del mandato del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema en orden a que no se aplique en los reajustes de precios las tablas de factores.
Ambas autoridades, sin embargo, reconocieron ante los diputados que este tipo de fiscalización es más bien un tema de forma, al verificarse sólo el cumplimiento de lo establecido por la ley (informar sobre los incrementos; ofrecer un plan alternativo; posibilitar la desafiliación en caso de rechazo), sin entrar a calificar o evaluar las razones por las cuales las Isapres deben aumentar los precios de los planes por concepto de precio base y aumento de patologías Auge.
Indicaron que, paralelamente los afiliados están recurriendo, cada vez más, a las Cortes de Apelaciones para reclamar sobre las alzas. Acotaron que los tribunales han fallado prácticamente en todos los casos a favor de los demandantes, estimándose que los incrementos son arbitrarios y que no deben ser aplicados.
El superintendente sostuvo que la creciente judicialización del tema es preocupante para el Ejecutivo y recordó que, en esa línea, se ingresó a trámite legislativo en marzo una ley corta de Isapres que buscó instaurar un sistema de IPC de la Salud y una reglamentación de la tabla de factores. Precisó que la iniciativa vio estancado su debate frente al reclamo de los parlamentarios por avanzar directamente en la ley larga, propuesta que ingresó la semana pasada y que se encuentra en estudio en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
El diputado Enrique Van Rysselberghe (UDI), presidente accidental de la comisión, resaltó que los tribunales han determinado en cada fallo que las alzas son infundadas y arbitrarias. En ese plano, planteó la necesidad que el Ejecutivo avance en un sistema que entre a cuestionar el fondo de los incrementos, especialmente reconociendo las resoluciones judiciales, protegiendo de esa forma a los afiliados que no recurrieron ante las Cortes de Apelaciones y tuvieron que enfrentar el reajuste de sus planes.
Frente a las consultas, las autoridades reconocieron la falta de facultades e insistieron en los avances que se pretenden lograr en la ley larga de Isapres. Además, anunciaron que se está llevando a cabo una mesa de trabajo, encabezada por el Ministro de Economía, Pablo Longueira, en la cual participan las Isapres y las clínicas y que tiene por objeto transparentar el costo de algunas prestaciones.
En esa línea, señaló que se han logrado algunos avances y que, próximamente, las clínicas “paquetizarían” algunas de las prestaciones más comunes y frecuentes, lo que podrían hacer que bajen los precios de los planes.
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