En el caso más relevante que ha debido enfrentar durante su gestión y sin aceptar preguntas, el superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, entregó ayer la esperada formulación de cargos en contra de quienes se considera responsables de las irregularidades cometidas por La Polar.
Según explicó Coloma, las infracciones aluden a prácticas ilegales cometidas por directores, ejecutivos y la auditora externa del retailer PWC en lo que corresponde a proporcionar y certificar información no veraz sobre la situación financiera de la empresa al regulador y al mercado en general, por faltas al deber de cuidado y diligencia aplicable a los directores y ejecutivos, y por eventual uso de información privilegiada por parte de algunos de los inculpados.
El superintendente señaló que en estos casos habitualmente se guarda reserva de los nombres y la naturaleza de los cargos formulados, pero que sin embargo “en uso de nuestras atribuciones y atendiendo la fe pública y el interés de los inversionistas, la SVS resolvió hacer público el nombre de las personas, entidades y tipos de cargos formulados”. Con todo, se optó por no hacer públicos los antecedentes, documentos, registros y testimonios recabados a la fecha, los que están en manos de los implicados.
Agregó que las infracciones detectadas dan cuenta también del grado de participación de cada uno de los actores involucrados en el período en que se desempeñaron en La Polar y que el proceso podría durar hasta 6 meses con sanciones que van desde la censura hasta una multa de UF 15.000 (alrededor de $ 328 millones, equivalente a
US$ 710.000), o bien en la liberación de cargos si la responsabilidad atribuida no existió.
Sin embargo, algunos de los cargos presentados son de carácter penal, como por ejemplo, la infracción los artículos de la Ley de Mercado de Valores nº 59, letra A y F, y nº 165, que implican cárcel.
Notificaciones
Durante toda la jornada de ayer la SVS estuvo sumergida en la notificación personal de cada uno de los 20 inculpados por este caso -que incluye a PWC- con lo que se inicia el procedimiento administrativo.
Y aunque la formulación de cargos en sí misma no implica castigo, Coloma fue tajante en afirmar que “se trata de presunciones fundadas que reflejan las conclusiones a las que ha llegado la SVS a la fecha, sobre la base de la información recopilada en sus investigaciones”.
Los afectados tienen un plazo inicial de 10 días hábiles -contados desde la notificación- para presentar sus descargos y solicitar la apertura de un período de prueba. Una vez cumplido dicho proceso, la SVS deberá resolver si mantiene los cargos, recalifica o absuelve a los inculpados.
Coloma ratificó que “la Superintendencia sigue investigando los hechos derivados del caso La Polar que puedan involucrar a otras personas o entidades. El proceso de formulación de cargos está en curso”, abriendo la puerta a nuevos implicados.
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