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Podría ser sólo el comienzo. Porque luego de que el pasado 27 de abril la Corte Suprema ratificara la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que acogió el recurso de protección interpuesto por la Comunidad Agrícola Diaguita de los Huascoaltinos, que paralizó el proyecto minero El Morro, mientras no se realicen las consultas a las comunidades indígenas, son tres más los proyectos que podrían verse frenados bajo el mismo principio en la zona cercana a Huasco.
De un lado, tanto el sector minero como el energético piden mayor claridad respecto de cómo aplicar el Convenio 169 de la OIT y, del otro, se anuncian nuevas acciones tendientes a frenar proyectos.
Según el presidente de la comunidad diaguita, Sergio Campusano, de las cuatro exploraciones mineras que se están realizando en la zona de Huasco, sólo en un yacimiento (llamado Rey Arturo, perteneciente a un conglomerado asiático) han mantenido contacto con la comunidad. “En el caso de Pachuy (de Barrick Gold), Paso de la Flecha, y El Relincho (perteneciente a Teck) ni siquiera se han acercado a nosotros, por lo que tendremos que hacer el proceso de consulta”, afirmó Campusano. A modo de ejemplo, señala que en El Relincho, cuya inversión alcanzaría hasta unos
US$ 3.000 millones, “pasan por nuestros caminos y hacen como que nosotros no existimos. Queremos que respeten la autodeterminación de la comunidad y su cosmovisión”.
Respecto de cómo funciona el proceso de consulta, el dirigente es crítico al señalar que éste no es claro para nadie. “Ni las empresas ni el gobierno saben cómo funciona”, señaló, agregando que a su juicio el primer paso debiera ser el definir realmente quiénes son los afectados, y que sean ellos los que negocien, “y no organizaciones ecologistas u otras comunidades que no tienen que ver”.
Preocupación en el sector
En tanto, en el sector minero y de energía existe preocupación, puesto que no solo El Morro se ha visto afectado por esta normativa. También lo fue el parque eólico Chiloé de la chileno-sueca Ecopower, el proyecto minero Catanave y la línea Melipeuco- Freire, entre otros.
“Hay una normativa que se debe cumplir. Sin embargo, creemos que debe haber un pronunciamiento por parte de la autoridad sobre la lógica en que se dará por cumplido el Convenio 169”, dice René Muga, presidente de la Asociación de Generadoras.
Y es que, en la industria minera y de energía, señalan que el problema central no es acatar la norma sino que no existe un reglamento o guía que defina cómo se debe cumplir el convenio. “Nos dicen que debemos cumplir la norma pero no cómo hacerlo”, señala un alto ejecutivo de una compañía minera.
En tanto, José Miguel Hernández, socio del estudio de abogados Fermandois & Evans, explica que “la autoridad no ha aclarado cómo se ejecuta el Convenio. Los Tribunales han tenido que ir descifrando cómo ejecutarlo”.
Por otro lado, Iván Poklepovic, abogado de Morales & Besa, señala que existe un vacío regulatorio reglamentario en cuanto al proceso de consulta conforme al Convenio 169. “Si bien el convenio establece los estándares para realizar la consulta, falta una hoja de ruta, algo concreto para cumplirlo, es decir, cómo tiene que ser la transparencia, cómo se garantiza la participación de todos. En concreto, sería bueno que todos los parámetros y estándares del Convenio 169 se plasmen en una regulación administrativa, que sea a su vez consultada con los pueblos indígenas, que ellos tengan la oportunidad de opinar y de influir en el reglamento que pueda llegar a crearse”, señala.
“Finalmente debe haber claridad en este tema. Es un tema importante desde el punto de vista de las inversiones de país, ya no solo de energía o minería. Con directrices claras se evitaría la judicialización”, explica René Muga.
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