“La situación de Antofagasta para nosotros es algo muy doloroso, que rechazamos y enfrentamos implacablemente”. A través de estas palabras el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se refirió a la polémica que involucra al hoy exseremi de la cartera en Antofagasta, Carlos Contreras, acusado de suscribir un convenio con la fundación Democracia Viva y haber otorgado por trato directo $426 millones.
De acuerdo al ministro Montes, “las personas que han cometido errores, han hecho torpezas y cometido delitos, todas tendrán una respuesta muy fuerte por parte del Gobierno”. Y destacó que desde el Minvu solicitaron la renuncia a Contreras y hoy están analizando distintas otras situaciones”.
En ese contexto, el exsenador dijo que “esto es algo grave, que no se puede aceptar, menos en la realidad de los campamentos en la ciudad de Antofagasta”, y que desde el Minvu han solicitado “que devuelva los recursos que tienen disponibles”.
Del total, “por lo menos $228 millones son los que deberían devolver mientras se evalúa el uso del resto de los recursos públicos. Es muy importante apoyar al Ministerio Público (...) Queremos entregarle todos los antecedentes que tenemos, de manera de que se avance lo más rápido posible”, dijo Montes.
Declaración Pública del Minvu
Además, desde la cartera de Vivienda emitieron una declaración pública en la cual aseguraron que el día 3 de mayo de 2023, día siguiente de la recepción de un correo de la Asociación de Funcionarios de Antofagasta -y previo a que esto fuera conocido ante la opinión pública-, la subsecretaria del Minvu, Tatiana Rojas, "solicitó de inmediato al seremi Carlos Contreras, un informe detallado a fin de esclarecer cada uno de los puntos denunciados". Entre estos, los que se encuentran posibles irregularidades en la firma del convenio con la fundación previamente mencionada.
Y explicaron que tras recibir el primer borrador emitido por la autoridad regional, la subsecretaria Rojas ordenó un análisis preliminar por parte del Encargado Nacional del Departamento de Asentamientos Precarios, con el objetivo de determinar la presunta existencia de hechos que revistan conflicto en el contexto del funcionamiento regular del programa.
"Tras varios correos de insistencia por parte de la autoridad nacional, el seremi Carlos Contreras envió el informe final con los antecedentes solicitados. La subsecretaria Rojas remite inmediatamente dicho informe al Encargado Nacional del Departamento de Asentamientos Precarios, junto con la carta emitida por la Asociación de Funcionarios, solicitando realizar un análisis de la situación que oriente futuras medidas y pasos a seguir", menciona el documento.
En ese escenario, es que el Jefe Nacional de Asentamientos Precarios envió dicho análisis a la subsecretaria, realizando una serie de recomendaciones relativas al desarrollo de los convenios suscritos con instituciones relacionadas. Y posterior a ello, la subsecretaria Rojas solicitó tomar medidas correctivas al proceso y solicitó una investigación a la División Jurídica del Minvu, "así como también una revisión exhaustiva de todos los antecedentes del caso, las cuales estaban en proceso cuando esto se dio a conocer ante la opinión pública el pasado jueves 15 de junio".
"Cabe reiterar que para el caso del Programa de Asentamientos Precarios, el mecanismo a través del cual se realizan las transferencias de recursos, es el mismo utilizado por MINVU desde 2019 a la fecha sin modificaciones", dijeron desde la cartera.
Y añadieron que la subsecretaria, como parte de las responsabilidades que le corresponden en tanto jefa de servicio, ha tomado las acciones correspondientes para esclarecer los hechos y responsabilidades sobre lo ocurrido en la región de Antofagasta.
"El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, frente a las sospechas de delitos e irregularidades, está a disposición del Ministerio público para todos los antecedentes que se requieran en la investigación", se indica en el texto.
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