Luego de la tregua establecida por los agricultores argentinos a la huelga que duró tres semanas, la calma parece volver a ese país. Sin embargo, el director de Estudios para Latinoamérica de la Universidad de Georgetown, EE.UU, Arturo Valenzuela, sostiene que el problema de fondo en la región es de falta de eficacia de las instituciones.
- ¿Qué es lo que viene en el panorama de Argentina?
- En Argentina lo que se ve es una situación donde ha cambiado la correlación de fuerzas. El gobierno ya no tiene tanta capacidad de imponer una cierta conducción y va a tener que negociar. Si no negocia, va a tener una situación más difícil.
Las dificultades que tiene el país es cuando las autoridades se tratan de meter demasiado en el mercado, para que las cosas les salgan bien, en forma un poco improvisada. Eso sencillamente no resulta a la larga. Se requiere una situación de claridad, donde se respetan los acuerdos, y donde las instituciones funcionan.
Lo que tenemos todavía en Latinoamérica es un déficit en la calidad de las instituciones. Entonces, si no se progresa más en ese campo, después de pasado el boom de los commodities, va a ser mucho más difícil arreglar cuentas internas en los países. Me refiero con eso tanto a una situación económica como una situación política.
- ¿Qué otros países de América Latina se verían afectados por este caos dada la ineficacia que a su juicio existe en las instituciones?
- El problema es que si no funcionan las instituciones, entonces se da la respuesta de la gente. Sea en Argentina, en Ecuador o en Bolivia, la respuesta es salir a la calle. Uno no puede tener políticas públicas que se configuran como resultado de acciones callejeras. Eso no tiene que ver con que la gente no tenga derecho a protestar y a hacer manifestaciones, pero una política que trata de cambiarse parando carreteras, que es lo que se hizo también en Bolivia, es un chantaje.
- ¿Qué debe hacer el gobierno argentino para evitar estas situaciones de caos?
- Creo que no debieran estar utilizando políticas contingentes en temas económicos de esa manera, de un día para otro llegar y decir, “les vamos a poner un impuesto X” a cierto sector, sin que haya un mayor consenso y sin que se tomen en consideración los puntos de vista de esos sectores. En los países se negocia, no se impone. Ese es el desafío que tiene la presidenta argentina.
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