La alta judicialización de los proyectos eléctricos y su impacto en las inversiones ha sido un discurso recurrente en el sector eléctrico en los últimos años.
Ayer, el ministro de Medioambiente, Pablo Badenier, descartó que éste sea un problema grave. En los últimos cinco años, dijo, sólo el 16% de los 443 proyectos del sector energético que han obtenido aprobación ambiental ha terminado en tribunales. Entre ellos se encuentran iniciativas como HidroAysén, el proyecto termoeléctrico Castilla y el complejo Punta Alcalde, entre otros.
"Muchas veces se critica el alto nivel de judicialización de los proyectos, ya que terminaría siendo un factor de incertidumbre para la inversión. Pues bien: vemos que el nivel de judicialización no es alto, y que la inversión no se ha detenido", dijo.
Badenier indicó que, en el mismo periodo, se han presentado 160 juicios relacionados al sistema de evaluación ambiental -en todo tipo de iniciativas-, de los cuales 69 se refieren a proyectos energéticos de generación o transmisión. Uno de los temas más polémicos, el Convenio 169 de la OIT, ha afectado al 20% de los proyectos energéticos.
La autoridad fue enfática en señalar que, tras la judicialización, hay una cuota de responsabilidad de las empresas, ya que éstas deben preocuparse de presentar "mejores proyectos", poniendo acento en su relación con las comunidades, y no sólo en cuestiones técnicas.
"La gente necesita y requiere conocer los proyectos antes de que ingresen a Evaluación de Impacto Ambiental. La relación tiene que ser previa, y las comunidades tienen el legítimo derecho a opinar".
Las principales debilidades de los proyectos tendrían que ver son su localización y medidas de mitigación insuficientes. En ese sentido, indicó que una solución podría ser contar con localizaciones alternativas para las centrales como paso previo a su evaluación ambiental, y también buscar mecanismos anticipados para cumplir las condiciones impuestas por el Convenio 169, pero que el Estado también debía modernizar el sistema.
Juan Clavería, CEO de GDF Suez en Chile, señaló que la falta de proyectos impulsaba la judicialización, cuestión que hoy estaría en vías de resolverse.
"La judicialización es uno de los riesgos que cualquier inversor tiene que tomar al desarrollar un proyecto. Creo que la situación ha cambiado completamente hoy día", coincidió.
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