El proyecto de ley de transmisión es la prioridad legislativa del ministro de Energía, Máximo Pacheco, y debido a las consecuencias prácticas y económicas que podría tener también es seguido con especial interés por la industria, que lo ve como la reforma más importante para el sector eléctrico desde la Ley Corta II de 2005.
Más allá de eso, un detalle no menor podría alterar el avance de la iniciativa en el Congreso y será la Corte Suprema la que zanjará el tema.
Nadie se lo cuestionó durante el tránsito por la Cámara de Diputados, sino que fue recién en la segunda sesión de la Comisión de Energía y Minería del Senado -donde la iniciativa está en segundo trámite- cuando el abogado académico de la U. Católica, Alejandro Vergara, sembró la duda respecto de la forma en que se estaba tramitando el texto legal.
Sin embargo, no fue hasta hace dos semanas que el presidente de la comisión, el senador Alejandro García Huidrobro, hizo la pregunta que encendió las alarmas: ¿Es el Panel de Expertos un organismo jurisdiccional?
Es en este punto donde intervendrá la Corte Suprema que la semana pasada -y a pocos días de la votación de la idea de legislar en la Cámara Alta, que está programada para la próxima semana- recibió un oficio donde se le pide su opinión respecto de este proyecto de ley que entre otras cosas establece nuevos criterios para la planificación de las redes eléctricas y traslada desde la generación a la demanda el costo por ese servicio.
En el Senado explican que si el máximo tribunal considera que el Panel de Expertos, una especie de tribunal donde se dirimen las discrepancias entre los actores de la industria y también con la autoridad, es un órgano jurisdiccional todos los artículos que dicen relación con él deben ser votados bajo las normas orgánicas constitucionales, lo que requiere quórum calificado, algo que no sucedió en el pronunciamiento de la Cámara Baja, por lo que el proyecto tendría que volver en tercer trámite.
En ese caso el problema sería para el Ejecutivo que trata de agilizar el tránmite, pero pese a la premura ante al comisión se ha alertado sobre diversos impactos del proyecto. El propio panel advirtió sobre la atribución que se da al ministro para anular permanentemente sus dictámenes, profundizando la capacidad actual de suspensión temporal.
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