Luego que ayer la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) confirmara la formulación de cargos en contra de la central GasAtacama, propiedad de Endesa, la generadora señaló que se encuentra preparando su defensa para evitar la multa que podría aplicarle el regulador, que alcanza hasta US$ 7,9 millones.
“Endesa Chile fue notificada esta semana por la SEC, por el cargo relacionado con la operación de su central termoeléctrica GasAtacama y los posibles efectos en el SING. La compañía está revisando los antecedentes y fundamentos del documento, con la finalidad de responder dentro del plazo legal a la SEC”, señaló la firma.
Los cargos a la generadora derivan de la investigación que el regulador llevó adelante, en base a una auditoría realizada por el coordinador de las eléctricas que operan en el Norte Grande que detectó la sobreestimación de los parámetros de mínimo técnico y tiempo mínimo de operación, lo que habría derivado en sobrecostos para el sistema valorados en unos US$ 260 millones entre 2011 y octubre del año pasado.
Según señaló el titular de la SEC, Luis Ávila, el incumplimiento es de carácter “grave”, pues habría afectado a clientes libres, principalmente mineras e industrias, y a otros generadores.
Endesa sostuvo que los parámetros cuestionados son determinados por el fabricante de los equipos. “Toda esta información ha sido siempre entregada a la autoridad, bajo la perspectiva de la seguridad, cuidado de los activos y, sobre todo, bajo las restricciones ambientales que se deben ver reflejadas en la operación de la planta. En esta línea, la operación de GasAtacama cumple con toda la normativa técnica y ambiental, y su estructura de operación se ajusta a las variables de mercado”, señaló Endesa consultada por el tema.
En octubre pasado, y tras conocerse la auditoría realizada por el CDEC-SING, Endesa modificó los mencionados parámetros.
Entre las generadoras, las principales afectadas por esta operación habrían sido las firmas ERNC, ya que las diferencias en el costo marginal producidas por el despacho forzado de la central, que opera como respaldo en este sistema, habría desplazado generación más barata, produciendo perjuicios económicos a aquellos que por este motivo no lograron colocar su energía en el mercado.
Según comentan fuentes del sector, en una primera instancia las empresas afectadas podrían recurrir al Panel de Expertos para solicitar reliquidaciones, aunque no se descarta que acudan a la justicia.
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