Pese a que el gobierno retrocedió y entre las indicaciones al proyecto que reforma el sistema de transmisión rebajó las compensaciones de las eléctricas por fallas en el suministro, en la industria dicen que éstas siguen siendo altas.
De hecho, en el sector comentaron que la fórmula propuesta implica triplicar el nivel de compensaciones actualmente vigente, mientras que comparado con normativas internacionales, significa duplicar los niveles aplicados en países como Colombia, Perú y España, por ejemplo.
En el proyecto aprobado en primer trámite, se calculaban las compensaciones en virtud del costo de falla o racionamiento, que comienza en los US$ 325 por MWh, lo que para una empresa como Transelec, el principal actor del segmento de transmisión, en el caso de una interrupción de suministro de 60 minutos por fuerza mayor, como un terremoto, la multa para ellos podría alcanzar nada menos que US$ 116 millones. Aplicado a lo que sucedió el 27F, ésta habría sido de US$ 90 millones.
Ahora, la indicación del gobierno establece que la compensación que las empresas de los distintos segmentos del negocio eléctrico deben pagar a los clientes regulados, entre los que figuran los residenciales, “corresponderá al equivalente de la energía no suministrada durante ese evento, valorizada a quince veces la tarifa de energía vigente durante la indisponibilidad de suministro”. Esto con un tope de 20.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalente a cerca de US$ 15 millones.
La misma fórmula, pero aplicada al precio medio de mercado se plantea para los clientes libres.
El otro factor que concitó la atención en el sector privado fueron las adecuaciones referidas a los polos de desarrollo y, fundamentalmente, sobre la definición por parte del Estado de franjas de servidumbre donde se instalarán las líneas de transmisión.
En este punto, en la industria no se observa un avance tendiente a acelerar los tiempos de tramitación o reducir las trabas que actualmente enfrentan estos procesos, sino que más bien una restricción a la definición de tendidos por parte del sector privado.
Un ejecutivo del sector, planteó que aunque se establece que estas franjas serán sometidas a la evaluación ambiental estratégica, eso no evitará tener que volver a pasar por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental cuando llegue el momento de construir.
Además, se suma el riesgo de que al definir el Estado los trazados, se aliente la especulación por esos terrenos, elevando las sumas que posteriormente deben pagar los desarrolladores para lograr las servidumbres.
Tiempos en juego
Este proyecto de transmisión es visto por la industria como la reforma más importante para este sector desde la Ley Corta II de 2005 y considerando las propuestas del Ejecutivo y de un grupo de senadores recibió en total 1.264 indicaciones.
Estos cambios comenzarán a ser revisados mañana por la Comisión de Energía y Minería del Senado, donde la iniciativa está radicada.
Este análisis le pone presión a los tiempos que el Ministerio de Energía baraja para tener este proyecto convertido en ley lo que es visto como requisito para llevar adelante la próxima licitación de suministro de las distribuidoras, que en una ocasión ya fue postergada.
Aunque esta subasta considera ahora un bloque menor de energía, considerando que las estimaciones de demanda futura son menores, sigue siendo muy importante para la industria, porque contar con contratos es imprescindible para apalancar recursos para la construcción de proyectos de generación.
Tras la comisión de Minería y Energía, la iniciativa irá a la de Hacienda y después a la Sala. Luego volverá a la Cámara Baja, desde donde pasaría a comisión mixta, un terreno que el plan del ministro de Energía, Máximo Pacheco, no consideraría.
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