La Corte Suprema ratificó el fallo de primera instancia en el que la Corte de Apelaciones de Santiago desestimó un recurso de protección presentado por un grupo de empresas, unidas bajo el nombre de Inmobiliarias de Predios Rurales (IPRA), para anular el instructivo con el que el Ministerio de Agricultura endureció los criterios para autorizar loteos.
La sentencia en cuestión señaló que los jefes de servicios pueden entregar instrucciones mediante actos administrativos y que “es adecuado” que las autoridades soliciten información adicional para las solicitudes de subdivisión, velando por la normativa vigente y por la conservación del bosque nativo, lugares arqueológicos y humedales, entre otros.
IPRA había apelado el fallo para llevarlo al Máximo Tribunal que, finalmente, confirmó la sentencia.
Este proceso judicial es distinto a la demanda civil que el gremio Chile Rural inició contra la cartera liderada por Esteban Valenzuela, que hasta el día de hoy, mantiene el polémico instructivo suspendido. Sin embargo, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) ha mantenido un criterio más duro, argumentando que esas facultades eran preexistentes a dicha circular.
Mediante una declaración pública, el ministro Valenzuela celebró la resolución de la Tercera Sala.
“Aquí se ha ratificado por parte de la Corte Suprema la corrección que he tenido como ministro junto a dirección del SAG instruyendo para evaluar el cumplimiento de la legalidad vigente por parte de una subdivisión predial, preguntarse si se está faltando a sistemas de ordenamiento territorial, a la ley de bosque nativo, afectando el acceso a cuerpos de agua, a lugares patrimoniales, zonas silvestres protegidas y también como lo dijo la Corte de Apelaciones de Santiago si existen lugares sagrados de los pueblos originarios como está en la Ley Indígena”, dijo.
Asimismo, dirigió sus dardos a las inmobiliarias y señaló que espera “que no sigan actitudes que soslayen el ordenamiento jurídico y seguiremos trabajando por complementar y racionalizar la subdivisión de predios rústicos para que esto sea compatible con leyes de la República y también con la seguridad alimentaria, la conservación del medio ambiente y el adecuado ordenamiento territorial”.
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