El proyecto de fraccionamiento pesquero, es decir, aquel que distribuye las cuotas entre artesanales e industriales y que es denominado como el corazón de la Ley de Pesca, sigue avanzando.
La Cámara de Diputados aprobó en general las enmiendas realizadas por el Senado a la iniciativa y, así, ingresará a Comisión Mixta con solo algunos puntos que resolver.
En síntesis, no han logrado acuerdo: la distribución de sardina y anchoveta en el norte; la repartición de la merluza común; y lo referente a licitaciones de cuota que, en este caso, involucra al jurel, la principal pesquería del país. El proyecto baja la cuota industrial de jurel de 90% a 70%, pero desde el Ejecutivo señalan que como la cuota nacional ha crecido sostenidamente, no golpearía a la actividad.
"Lo anterior, teniendo a la vista el incremento histórico de la cuota de jurel -de un 25%- conseguido en febrero pasado en la en la 13º Comisión de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur ORP-PS, por parte de nuestro país. La iniciativa del Ejecutivo considera la licitación de una parte de dicho incremento, lo que constituye un punto fundamental para la viabilidad del proyecto con equilibrio fisca", argumentó el Gobierno en un comunicado.
Asimismo, el ministro de Economía, Nicolás Grau, planteó que “necesitamos avanzar en licitación en el caso de este proyecto, porque eso nos va a permitir financiar de buena manera este proyecto de ley que es tan importante para el país”.
Oposición de industriales
El presidente de la Sociedad Nacional de la Pesca (Sonapesca), Felipe Sandoval, reiteró sus críticas a la iniciativa: "El Gobierno no ha dimensionado los efectos negativos que tendrá esta ley. En términos de actividad económica y empleo, existe un riesgo real de cierre para varias empresas ubicadas en la zona norte, centro-sur y sur austral del país. De hecho, ya es inminente que esto ocurra en dos compañías, lo que afectaría en una primera etapa a más de 1.000 trabajadores, en su mayoría mujeres".
Agregó que, "además, al cambiar los fraccionamientos actuales que estaban fijados hasta el 2032, junto a la insistencia en las licitaciones, esta ley podría ser declarada inconstitucional, o bien, el Estado se verá enfrentado a millonarios juicios en tribunales chilenos e internacionales, que se transformarán en pérdidas incalculables para el Fisco porque va a tener que indemnizar. Todo este escenario genera más incertidumbre y aumenta el riesgo país. Por eso, confiamos que en la comisión mixta primará el diálogo para alcanzar acuerdos responsables, oyendo todos los argumentos".
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