A última hora del martes, el Senado despachó el proyecto del nuevo fraccionamiento pesquero, articulado que es conocido como el corazón de la Ley de Pesca, puesto que distribuye las cuotas de entre industriales y artesanales.
La iniciativa, que favorece a los segundos, vuelve a la Cámara Baja, que podría ratificar el informe del Senado, pero se espera que pase a una Comisión Mixta que resuelva las diferencias entre ambos.
Si bien el Senado recogió algunas de las preocupaciones de la industria, que ha alertado por el golpe a la actividad y la pérdida de empleos que -según este sector- conlleva la iniciativa, sus críticas persisten.
Y cómo no, en torno a la principal pesquería del país, el jurel, que, luego de haber estado sobreexplotado en 2011, se ha recuperado sostenidamente. Para 2025, la cuota chilena de este recurso creció un 25%, superando el millón de toneladas, pero hay posiciones disímiles respecto a qué hacer con ese aumento.
La industria contaba con el 90% de esa cuota nacional, pero, en el proyecto aprobado por el Senado, esto cae a un 70%, entre las regiones de Atacama y Los Ríos.
“Es cierto que creció la cuota global del recurso jurel, pero las empresas, que además han visto debilitada su seguridad y certeza jurídica (...) quedarán con una menor disponibilidad de materia prima para consumo humano. Las compañías buscarán la forma de ajustarse para proteger los miles de empleos que entregan”, criticó la presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío, Macarena Cepeda.
Según este gremio, las 200 mil toneladas que se suman al sector artesanal significan US$ 70 millones.
Eso sí, un respiro para la industria es que, en el Senado, se rechazó la propuesta del Ejecutivo de subastar ciertos porcentajes de la cuota del jurel.
“Sin embargo, creemos que el Gobierno y el oficialismo insistirán en reincorporar dichas licitaciones”, declaró Cepeda, quien solicitó a los diputados que muestren “respeto por la seguridad jurídica, las normas y las reglas de largo plazo”, para “evitar un nuevo y duro golpe a la industrialización y desarrollo del Biobío”.
El gremio, en un comunicado, acusó que la única razón para llevar a cabo esas subastas es financiar el déficit en los impuestos que las empresas pesqueras dejarán de pagar al perder cuota, “debido a que el sector artesanal no paga ningún tributo por la extracción y venta de estos recursos naturales”.
Cepeda agregó que “por lo demás, (las subastas) son un mecanismo que solo genera concentración y no son utilizadas en otros países pesqueros”.
También quedó pendiente la distribución de la merluza común, que será definida en Comisión Mixta. Ese punto es seguido especialmente por PacificBlue, la pesquera de la familia Stengel, principal explotadora de este recurso.
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