La resolución emitida este lunes por el Registro Civil que desestimó la adjudicación del contrato respecto del Nuevo Modelo de Cédulas de Identidad y Pasaportes por parte de Aisino, le dejó al servicio público solo dos posibilidades para seguir adelante con la licitación: Declarar el proceso como desierto, o continuar con el procedimiento con el resto de los oferentes, salvo el consorcio chino-alemán.
Y hoy, a cinco días de dejar fuera de competencia a Aisino, la entidad administrativa finalmente optó por la segunda opción.
A través de un comunicado, este viernes el Registro Civil dijo que tras la Resolución Exenta N° 424, ha "procedido a readjudicar la licitación a la mejor oferta evaluada por la Comisión Evaluadora durante el proceso entre el resto de los participantes", correspondiente a la presentada por Idemia Identity & Security Chil (actual operadora), que obtuvo el segundo mejor lugar después de Aisino.
Asimismo, la entidad informó que el monto por el cual se readjudicó esta licitación tiene un costo de US$ 226 millones (al valor de hoy) para los próximos 10 años. Esto, en comparación con los US$ 700 millones que le ha costado al país la provisión de este servicio en la última década.
La noticia se da en medio de una disputa que hace meses enfrenta a la UTP Aisino y al Registro Civil, y se complejizó después de que a principios de noviembre de este año -y tras la visita de una delegación estadounidense en marco de la evaluación de la permanencia de Chile en el Programa Visa Waiver, el servicio público solicitara a la compañía explicaciones respecto de la veracidad de determinados antecedentes contenidos en su propuesta. Esto, a casi un mes de la adjudicación otorgada por la entidad administrativa al consorcio.
Así y según señaló la institución estatal, el representante de Aisino se limitó a señalar que este requerimiento era "improcedente", y se negó a entregar mayor información. De manera que desde el Registro Civil se vieron facultados para ejercer la causal establecida en la sección 20.7 letra g) de las Bases Administrativas de Licitación, que "expresamente señala que procede dejar sin efecto la adjudicación si al adjudicatario se le detecta información adulterada o inconsistente".
Por su parte, Aisino se defendió, y la tarde de este jueves publicó la carta a través de la cual respondió a los requerimientos solicitados. Entre los argumentos que se centra la empresa, está que -a su juicio- el procedimiento administrativo que implica la licitación ya estaba concluido con la Resolución Exenta 535 del 15 de octubre, cuando se le adjudicó.
Esto difiere con la visión que hay en el servicio, de que esto solo ocurriría con la firma del contrato que se realizaría este mes. "No procede otra cosa que la celebración del contrato en conformidad a lo establecido" en las bases, explicó.
Y apeló además, entre otras cosas, a la igualdad entre los oferentes, porque las consultas adicionales se realizaron "sólo a uno" de ellos, "especialmente al que resultó adjudicatario del proceso licitatorio". Enfatizó que no se solicitó a ningún otro salvar errores y omisiones formales.
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