La industria salmonera la sacó de la línea. A fines de mayo, una votación dividida en la Comisión Mixta impidió que se aprobara una indicación de la ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) que removía las concesiones acuícolas de reservas nacionales y forestales, que hoy representan cerca de un 60% de los centros operativos.
A pesar del alivio, muchas empresas encendieron alarmas y vieron la necesidad de activarse como industria. “Fue un empate, ni siquiera un rechazo estrecho”, escribió el gerente general de Ventisqueros en una carta a este medio.
SalmonChile sumó la asesoría del analista político Jorge Navarrete y su estudio jurídico Del Río izquierdo y el Consejo del Salmón tuvo una reunión de lobby con la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.
En la antesala de la votación, se vio un lado de la industria reflejada en una serie de manifestaciones de trabajadores salmoneros en distintos puntos de la zona sur de Chile. Sin embargo, en muchas empresas saben que esto no es suficiente y, desde esa fecha, se ha discutido constantemente el tema en la interna y las agendas de los gremios se han intensificado.
Arturo Clément, presidente de SalmonChile, dice que las movilizaciones por el SBAP mostraron “el enorme sentido de pertenencia que hay en el sur austral con la salmonicultura y también fueron una reacción a la clásica toma de decisiones desde el poder central, sin tomar en cuenta a las personas, lo que contrasta con la realidad de nuestro sector productivo, que promueve y encarna la descentralización”. El dirigente asegura que desde 2017 –tras la crisis de la marea roja en Chiloé de 2016- se ha venido haciendo un trabajo territorial “planificado y silencioso, pero efectivo”.
Un diagnóstico severo
Distintos directivos de la industria –que pidieron mantener reserva- dicen estar conscientes de que se trata de un sector muy cuestionado por casos de daños ambientales y que, por muchos años, no generó capital social. Para las autoridades “era gratis pegarle a las salmoneras”, frase que repiten varios de ellos.
Por eso, coinciden con que se vio la necesidad de ponerse a trabajar política y comunicacionalmente, lo que ha aumentado en las últimas semanas, tras la discusión del SBAP.
En el caso de SalmonChile, por ejemplo, hace unos meses contrató la asesoría del estudio jurídico Del Río Izquierdo y, en particular, al abogado y analista político, Jorge Navarrete. Eso sí, el panelista de Tolerancia Cero está impedido de hacer gestiones de lobby por contrato. “Tenemos asesores externos en diferentes materias, principalmente para contar con miradas más amplias”, explica Clément.
Otros gremios también han avanzado en esa línea. A fines de 2022, el Consejo del Salmón, que agrupa a cinco grandes empresas, fichó como presidenta a Loreto Seguel, de un perfil sobre todo político: en su currículum destacan experiencias en el sector público, ya que ocupó los cargos de subsecretaria de Servicios Sociales y ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) en el primer gobierno de Sebastián Piñera.
Tras la tramitación del SBAP, Seguel tuvo una reunión de lobby con la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas y ha reiterado que el foco de su gestión es la activación territorial, con una agenda marcada por conversaciones con autoridades regionales y viajes al sur del país.
Además de estos dos grandes gremios, también está la Asociación de Salmonicultores de Magallanes. El presidente de la entidad, Carlos Odebret, cuenta que han definido grandes pilares.
El primero, un trabajo activo con los líderes de las comunidades locales y, el segundo, la misión de vincular a la industria con grupos de interés y autoridades locales. Para ese trabajo, sumaron a su equipo a la exseremi de Bienes Nacionales, Francisca Rojas, que ocupará la posición de gerenta general del gremio.
El foco del Gobierno
A todo lo anterior se suma el hecho de que el gobierno actual tiene un historial de fuerte rechazo a la industria. El propio Presidente Gabriel Boric, como diputado y como mandatario se ha declarado públicamente contra el sector.
Por eso, cuando este mes la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, se reunió con los subsecretarios del Medio Ambiente, Pesca y Fuerzas Armadas para abordar la estrategia de fiscalización a la industria acuícola, se vio como una señal de que se endurecería la mano.
Consultados, desde el Gobierno niegan que ese sea el objetivo. Subpesca aclara que se trata de reuniones regulares y que solo se trató de una presentación sobre el trabajo realizado donde no se definieron medidas fiscalizadoras.
En la misma línea, la SMA señala que esto tuvo como objetivo “avanzar en la coordinación sectorial ya existente” en torno a las fiscalizaciones y “abordar distintas líneas de trabajo de relevancia ambiental, tales como: mortalidades, escapes masivos de peces, posicionamiento de estructuras de cultivo y sobreproducción”.
Asimismo, la Superintendencia agrega que, desde 2020, se inició un trabajo con Sernapesca para el traspaso de información entre servicios, lo que, junto con el desarrollo de herramientas tecnológicas le ha permitido lograr un seguimiento y evaluación masiva de la producción acuícola. Esto último, ha sido determinante, por ejemplo, en la discusión del bullado caso legal de la salmonera Australis.
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