Nova Austral está en la recta final de la reorganización judicial que definirá la continuidad de la empresa, que adeuda unos US$ 560 millones.
Sin embargo, hasta ahora la salmonera de capitales noruegos no ha estado cerca de ver la luz al final del túnel. El proceso ha estado protagonizado por la disputa entre bonistas -grupo que incluye a la familia Solari Donaggio y, hasta hace unas semanas, a Moneda Asset Management, que vendió sus bonos- y el banco noruego DNB.
Asimismo, los bonistas se han querellado contra exdirectores y también contra el representante de Altor, el fondo que controla la salmonera, acusándolos de una estafa relacionada al ocultamiento de las infracciones ambientales, cuyas sanciones, justamente, han sido una de las principales causas de la caída de la empresa.
Todo se reduce ahora a la junta de acreedores que se debería realizar a fin de mes. Y al tratarse de la mayor empleadora de Porvenir y la isla de Tierra del Fuego, toda esta disputa ha tenido un conflicto social paralelo que incluso ha llegado a que el propio Presidente Gabriel Boric se reuniera con los sindicatos.
Un grupo de trabajadores, durante la tarde de este miércoles, estuvo movilizándose en Porvenir para pedir una salida del proceso y, algunos, también, solicitando la devolución de concesiones que se le revocaron a la empresa por casos de sobreproducción. Otros, que conversaron bajo reserva con DF, descartaron participar aludiendo a que administrativos de la empresa estaban intentando usarlos como medida de presión.
Cartas al embajador
Días antes, el 26 de septiembre, distintos sindicatos habían enviado una carta a Jostein Leiro, el embajador de Noruega en Chile. El motivo es que el DNB Bank ha sido visto como el principal escollo para aprobar la reorganización. “Está presionando a través de la justicia noruega para que Nova Austral no logre una vía para su reorganización, sino más bien presionar una liquidación total de la empresa”, se lee la misiva firmada por seis asociaciones sindicales de la salmonera.
Los trabajadores aludieron al porcentaje de propiedad que el Estado noruego tiene en el DNB y señalaron que “no entendemos cómo es posible que un banco estatal noruego esté llevando a cabo dichas acciones sin considerar el impacto económico y social que el término de la empresa tendrá en Porvenir”.
Ante la respuesta del embajador, que habría retrucado que no era su rol incidir en esa disputa, cuatro de los sindicatos insistieron con una segunda carta enviada el 5 de octubre.
“Más allá de las posibles limitaciones contractuales y de derechos que puedan tener como embajada en una entidad financiera estatal noruega, creemos que la situación de Nova Austral, por su condición de empresa representante de los intereses de su país en Chile, debe ser abordada por la entidad que usted representa. Rogamos encarecidamente tenga en cuenta nuestra situación, la de miles de familias chilenas que sufriremos con el eventual cierre de Nova Austral. Como lo comunicamos en nuestra solicitud, el término de esta empresa, generaría un impacto brutal en nuestra comunidad y un tremendo perjuicio social y económico a nuestra localidad”, escribieron en la segunda carta.
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