En la misma senda que Fratelli Investments, sociedad de la familia Solari Donaggio, la administradora de fondos Moneda Asset Management presentó una querella penal contra exdirectores, exejecutivos y un representante del controlador de la salmonera Nova Austral, acusándolos como autores, cómplices y encubridores de los delitos de estafa y lavado de activos.
La acción legal se dirige a los exdirectores noruegos Yngve Myhre y Halvor Meyer; el exgerente general, Nicos Nicolaides; el exdirector financiero, Sergio Montenegro; y Tom Christian Jovik, representante de Altor, el fondo de capitales noruegos que controla Nova Austral.
Moneda –junto a los Solari- es uno de los principales bonistas de la salmonera, que hoy adeuda US$ 560 millones y se encuentra en un disputado proceso de reorganización judicial. Los tenedores de bonos representan casi el 75% de esa deuda.
La acción se dirige a los exdirectores noruegos Yngve Myhre y Halvor Meyer; el exgerente general, Nicos Nicolaides; el exdirector financiero, Sergio Montenegro; y Tom Christian Jovik, ejecutivo de Altor.
La arremetida de la administradora de fondos, patrocinada por el abogado Carlos Cortés, señala que los querellados idearon un fraude de inversiones con el que obtuvieron más de US$ 300 millones.
Todo se remonta a un bono que emitieron el año 2017 que, según Moneda, fue parte de la estafa: “El fraude se ejecutó ininterrumpidamente entre los años 2017 a 2023 (...) violentando los deberes de informar verazmente al mercado de valores y a las autoridades medioambientales chilenas, comunicaron hechos falsos sobre la situación de la compañía”.
El fraude
Las acusaciones de Moneda dicen que los representantes de la compañía, al momento de ofrecer el bono, mintieron acerca de aspectos como el capital de la firma, la capacidad real de producción de la empresa, sus condiciones legales para ser beneficiaria de la Ley Navarino (que entrega incentivos a empresas instaladas en Magallanes), el cumplimiento de los estándares ambientales, la situación de los centros de cultivo y el estado económico y financiero de la compañía.
Esto hace referencia, sobre todo, a las reiteradas multas que ha recibido la salmonera de parte de autoridades ambientales –incluso revocando concesiones a la empresa- y las violaciones a la Ley Navarino “en relación con obtención de bonificaciones indebidas”, lo que hoy tiene formalizados a cinco exgerentes de la compañía.
Los abogados de Moneda, incluso, mencionaron una publicidad donde se destacaban las certificaciones ambientales de la salmonera y su ubicación privilegiada para cosechar salmones. “Nova Austral ofrece una fuente de salmón sustentable cultivado en las aguas prístinas y heladas de la Antártica”, decía. El argumento de los demandantes es que la salmonera se les presentó como una compañía de primer nivel mundial y medioambientalmente saneada, lo que era falso.
Por otra parte, la acusación de lavado de activos apunta a que una vez disponiendo de los recursos de los inversionistas, los controladores de Nova Austral –Altor y Bain, aunque el segundo salió de la empresa el año pasado- habrían remitido directamente esos dineros desde la filial chilena a sociedades matrices extranjeras.
“Adquirieron un activo en la suma de US$ 183 millones, obteniendo recursos mediante un fraude de inversiones por la cantidad total de US$ 323 millones (...) Luego de consumada la estafa, proceden a desentenderse de la compañía e iniciar un proceso de liquidación”, dice la querella.
Acción contra actual gerente
Más allá de los querellados, la acción legal también se lanza en contra del actual gerente general de la empresa, Nicolás Larco. Señala que durante su administración la salmonera volvió a incurrir en infracciones ambientales –por algunos casos de sobreproducción- y que siguieron entregando proyecciones de producción que iban disminuyendo reiteradamente.
En la nueva administración, la posición sobre estos hechos es que jamás se ha obrado de manera intencional y que la empresa ha debido ajustarse gradualmente a las presiones económicas de la pandemia y las diversas multas que heredaron por las infracciones de tiempos de Nicolaides.
“Esta acción judicial no va dirigida en contra de Nova Austral, sino que se enmarca en un conflicto entre accionistas y tenedores de bonos por hechos no relacionados a la actual administración de la empresa. Por lo tanto, esta acción legal no altera la operación ni el proceso de reorganización judicial en el que se encuentra actualmente la compañía”, dijo la salmonera tras la consulta de este medio.
Bonistas y el banco noruego: el complejo panorama de la reorganización judicial
En paralelo al ingreso de las querellas, la compañía está en la recta final para que sus acreedores aprueben la propuesta de reorganización. Se votará a mediados de agosto, pero la primera oferta no dejó contentos a los tenedores de bonos.
El pilar fundamental de esta propuesta era la capitalización de la deuda, pero se ofreció un precio cinco veces mejor al DNB Bank, banco noruego que es el segundo principal acreedor de la compañía. La propuesta alternativa considera vender Nova Austral y reprogramar los créditos.
Como están las cosas, dicen fuentes cercanas al proceso, el acuerdo no se aprobaría. Los bonistas, principales acreedores, buscan impulsar una propuesta paralela que también considera la capitalización de deuda, aunque a distintas razones que en la oferta del directorio noruego.
Más allá de la disputa, se encuentra el hecho de que la salmonera es la principal empleadora de Tierra del Fuego, lo que ha generado diversas movilizaciones en Porvenir. Junto con la discusión entre la deudora y sus acreedores, entonces, se está planteando el desafío de lograr que la compañera se mantenga viable tanto financiera como medioambientalmente.
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