Vivianne Blanlot -economista, investigadora, consultora, directora de empresas y ministra de Defensa del primer gobierno de Michelle Bachelet (2007)- lleva poco menos de año y medio en la presidencia del Consejo para la Transparencia, una corporación autónoma, creada por la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado (N° 20.285).
Durante su liderazgo, la Agenda de Probidad y Transparencia en los Negocios y la Política ha avanzado, logrando -entre otras cosas- la aprobación del proyecto de ley sobre probidad en la gestión pública, cuyo reglamento está actualmente en manos de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y que exigirá a los funcionarios públicos declarar sus intereses y patrimonio en un sitio web de libre acceso.
Pese a que la gestión del mundo privado no es de su competencia, Blanlot no se resta del debate sobre la crisis de confianza que afecta al sector empresarial, a raíz de los casos de colusión y los escándalos por cobros abusivos.
-¿En qué estado está la transparencia de las empresas?
-Las empresas pueden hacer mucho a través de la autorregulación y las buenas prácticas. La mayoría de las grandes son sociedades anónimas abiertas, por lo tanto, están obligadas a publicar información, sobre todo en el ámbito financiero y en el de sustentabilidad. Pero en general, se están dando cambios positivos en probidad y transparencia de los gobiernos corporativos, aunque no masivamente.
-¿Cuáles son los desafíos pendientes?
-Hay que tener claro que incluso en los países más avanzados, que más invierten en aumentar la transparencia corporativa, ocurren casos de colusión y de no respeto a las normas ambientales. Lo importante es que exista una institucionalidad capaz de detectar y sancionar de manera efectiva. Acá, afortunadamente la tenemos.
Las empresas han estado invirtiendo en sus gobiernos corporativos para mejorar sus controles en prevención de violaciones de las normas de competencia, tributarias y de medio ambiente, a través de procedimientos de auditoría y sistemas de identificación de riesgos, que evitan que grupos que son parte de la organización incurran en estas prácticas y, por lo tanto, se llegue a generar un gran daño económico y reputacional a toda la compañía.
Además de esto, se requiere introducir una cultura de buenas prácticas en estas materias que permee a toda la organización.
-¿Afectaron los casos de colusión la imagen de Chile en el extranjero?
-En el ranking de transparencia internacional que se hace todos los años, siempre hemos ocupado el primer lugar junto a Uruguay. Este año quedamos debajo de ese país, pero si uno mira el puntaje obtenido, no hay mayor diferencia. Ahora, se construye sobre la base de percepciones, de respuestas subjetivas, por lo tanto, no mide la corrupción.
En el mundo de los negocios, cuando uno conversa con socios extranjeros de empresas instaladas en el país, la imagen no ha cambiado en absoluto. Aquí, cuando un inversionista se enfrenta al sector público no tiene que repartir coimas para lograr los permisos y hay países en donde es imposible hacerlo sin eso. Claro, hay casos como en todas partes, pero eso no cambia para nada el hecho de que Chile sigue siendo un país limpio para hacer negocios.
-¿Se puede restablecer la confianza de la ciudadanía en las empresas?
-Dicen que la confianza se pierde una vez y se recupera muy lentamente. Eso es absolutamente válido. La única fórmula para restablecerla es el buen comportamiento y la transparencia, no hay otra. 
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